Ante el endurecimiento de los controles fronterizos implementados por diferentes países de la región, como medida para contener los crecientes flujos migratorios, es el momento de impulsar un gran consenso regional que permita la creación de una visa de movilidad productiva y familiar, que considere además un sistema de cupos de movilidad para los territorios, facultando a las alcaldías, gobernaciones y regiones productivas la capacidad de solicitar a los gobiernos nacionales cupos de movilidad laboral, emprendimiento y de reunificación familiar, de acuerdo con sus necesidades de desarrollo económico, demandas laborales y capacidad de integración.

El camino está allanado; además de las iniciativas que vienen desarrollando los países, es evidente el creciente involucramiento de los gobiernos en sus diferentes niveles, del sector privado, la banca multilateral y la cooperación internacional en la promoción de estos esquemas de movilidad laboral. La experiencia acumulada de más de dos décadas ha permitido el desarrollo de buenas prácticas y lecciones aprendidas, que ofrecen una base sólida para pensar en respuestas regionales más estructurales, ambiciosas e innovadoras.

Es una realidad latente y en crecimiento. Con el aumento de la movilidad humana a nivel mundial, que en la última década significó un crecimiento del 10,44 %, pasando de 275 millones en 2020 a 304 millones en 2024, lo que representa el 3,73 % de la población mundial, y con el surgimiento de fenómenos como los “flujos mixtos migratorios” –donde viajan personas casi siempre por las mismas rutas con perfiles y necesidades distintas–, y la “migración exponencial y de gran magnitud”, que para el caso de los ciudadanos venezolanos, por ejemplo, ha significado la salida aproximada de 8 millones de personas entre los años 2015 y 2025; la migración ha pasado a ocupar un lugar prioritario en la agenda pública de los Estados y en la agenda internacional.

Insistir únicamente en aumentar los controles es un error. No se pueden desconocer las realidades y las garantías y derechos de las personas migrantes.

Son múltiples las razones que originan estos desplazamientos, que históricamente van desde las desigualdades sociales y económicas, la falta de oportunidades laborales y la violencia e inseguridad, hasta la reunificación familiar y la falta de medicamentos, entre otras. Hoy, si bien persisten estas causas, vienen tomando fuerza otros “motores” como el cambio climático –que, según el Banco Mundial, para el año 2050 podría superar los 216 millones de personas desplazadas– y la transición demográfica acelerada; que, según las proyecciones de la Cepal, pasaríamos de 98 millones de personas mayores de 60 años en 2025, equivalente al 14,80 % de la población total, a 183 millones de personas mayores para el año 2050, casi el 25 % de la población de América Latina y el Caribe.

A lo anterior, se suma la profundización de los mecanismos de integración regional y la creciente interdependencia de la economía mundial, que vienen igualmente aportando a la reconfiguración de los patrones migratorios. La movilidad humana no responde exclusivamente a carencias o crisis; también está cada día más vinculada al trabajo, el comercio, el turismo, los estudios y la prestación de servicios. Se trata de un fenómeno cada vez más complejo, dinámico, interrelacionado y estratégico para el desarrollo y la sostenibilidad de nuestros países.

En este sentido, es destacable el esfuerzo que, desde distintos países de la región, así como también desde los mecanismos de integración regional, se ha venido impulsando a través de una serie de iniciativas tendientes a facilitar los procesos de regularización, permanencia, acceso a derechos e integración; claro ejemplo de esto en nuestro país ha sido el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos –ETPV–, que ha permitido la regularización de más de un 1’950.000 personas. Sobresalen también otras iniciativas que han sido impulsadas desde los mecanismos de integración regional, desconocidas por muchos, como lo son el Acuerdo de Residencia de Mercosur o el Estatuto Migratorio Andino desde la CAN.

Insistir únicamente en aumentar los controles es un error. Si bien los Estados tienen el derecho y la soberanía de ordenar sus fronteras, no se puede desconocer las realidades y las garantías y derechos de las personas migrantes durante todo su proceso migratorio. Aspecto que ha venido siendo abordado por la comunidad internacional, como es el caso del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, establecido como un instrumento para la cooperación internacional con una visión estratégica de gobernanza compartida para la movilidad humana.

(*) Consultor Internacional en Movilidad Humana. Exdirector de Migración/Exconsul General de Colombia

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