Ya no hay duda de que las redes sociales son uno de los fenómenos más decisivos de nuestro tiempo. Su impacto ha sido comparado con la invención de la imprenta o con la masificación de los medios electrónicos en el siglo XX. Pero toda gran innovación tiene un reverso. Y las redes sociales no son la excepción.

Plataformas como Facebook, Instagram y X han democratizado las comunicaciones, pero también han exacerbado la polarización. Ponen más conocimiento al alcance de todos, pero sirven igualmente para difundir desinformación. “La información os hará libres”, reza uno de los adagios favoritos de Silicon Valley, adaptado de un versículo bíblico. Sin embargo, cada día es más evidente que las redes no solo liberan: también capturan. Secuestran la atención de sus usuarios mediante mecanismos neuronales comparables a los que activan las drogas. Y estos riesgos se agravan cuando los usuarios son menores de edad.

Sobre estos puntos versan dos fallos recientes de cortes estadounidenses. Uno de ellos, en el estado de Nuevo México, determinó que Meta –la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp– es responsable de permitir que menores de edad estuvieran expuestos a contenidos sexualmente explícitos y a contactos con acosadores. La compañía fue sancionada con una multa de 375 millones de dólares.

En California, por su parte, un juzgado le dio la razón a una usuaria de Meta y de YouTube, quien alegó que el diseño adictivo de sus algoritmos había perjudicado su salud mental. Ambas compañías fueron multadas, con 4,2 y 1,8 millones de dólares, respectivamente.

No se trata de frenar el progreso, sino de encauzarlo, para que sus efectos adversos no terminen eclipsando sus beneficios.

Las empresas han anunciado que apelarán, por lo que el desenlace judicial aún puede cambiar. Pero, en cualquier caso, se trata de precedentes de gran importancia. Los fallos apuntan a un nuevo rumbo en la regulación de las redes sociales, al poner mayor énfasis en la responsabilidad de sus diseñadores por los efectos que estas plataformas tienen sobre sus usuarios.

Estas tecnologías siguen siendo relativamente recientes, y su impacto apenas comienza a comprenderse en profundidad. La construcción de normas e instituciones para regularlas será, necesariamente, tentativa. Habrá errores, tanto por exceso como por defecto.

Así ha funcionado siempre, en las sociedades abiertas, la formulación de marcos regulatorios frente a innovaciones disruptivas. El desarrollo de la electricidad trajo beneficios incalculables, pero requirió décadas de normas y estándares para reducir riesgos como las electrocuciones o los cortocircuitos.

Del mismo modo, estos fallos judiciales –aún incipientes–, que buscan poner límites a los efectos nocivos de las redes sociales, señalan los primeros pasos en la construcción de una institucionalidad necesaria. Conviene celebrarlos, incluso si incomodan a los dueños de las plataformas. No se trata de frenar el progreso, sino de encauzarlo, para que sus inevitables efectos adversos no terminen eclipsando sus indiscutibles beneficios.

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