A riesgo de sonar obsesivos, hay que seguir insistiendo en la tragedia nacional que significan las muertes de colombianos a causa de siniestros viales. Los datos, lejos de mejorar, empeoran dramáticamente. El más reciente reporte oficial muestra que en 2025 el número de personas fallecidas llegó a la escalofriante cifra de 8.697, un 5,15 por ciento más que el año anterior, es decir, 426 vidas adicionales se perdieron por esta causa. La mayoría de ellas, jóvenes de entre 18 y 30 años.

Como informó este mismo diario, ello quiere decir que cada día hay más de 23 muertos a consecuencia de un incidente vial. Y si queremos ser más dramáticos, cabría señalar que en la última década fallecieron 74.610 personas en distintos corredores viales de Colombia. No hay sociedad que pueda resistir semejante tragedia.

Estos y otros indicadores se dieron a conocer en un reciente foro organizado por la Universidad de los Andes y EL TIEMPO, que era también un llamado de atención para proteger a los jóvenes, las principales víctimas de este fenómeno. Motociclistas, ciclistas y peatones siguen engrosando la lista de una tragedia que es calificada por expertos como una pandemia silenciosa.

En el contexto internacional, las cosas tampoco pintan bien. Según el informe del Foro Internacional de Transporte de la Ocde, Colombia ocupa el último lugar entre 29 países en muertes evitables por cada 100.000 habitantes (15,4) frente a Estados Unidos (11,6), el Reino Unido (2,4) o Suecia (2,0). El mismo informe señala que mientras la mayoría redujo las muertes viales en la última década, entre 2014 y 2024, Colombia las aumentó.

Ni el Gobierno ni la sociedad pueden permitir que morir en la vía siga siendo un asunto de indicadores y nada más.

Las causas están sobrediagnosticadas: exceso de velocidad, la falta de una legislación más efectiva que meta en cintura particularmente a las motos. Una infraestructura acorde con los nuevos actores viales y campañas pedagógicas de la agencia a cargo del tema son necesarias para reducir semejantes indicadores. Y es posible hacerlo. Bogotá, Medellín, Cundinamarca y Montería son ejemplo de ello, pues en 2025 alcanzaron reducciones de entre el 2 y el 6 por ciento en el último periodo.

Si bien el año pasado se registró la muerte de 611 ciudadanos en las calles de la capital, hubo 41 menos que en 2024, lo que no se veía desde hacía cinco años. Es cierto, los fallecimientos siguen siendo muchos, pero mantener esa tendencia es posible. De acuerdo con la secretaria del ramo, la estrategia de reducir la velocidad máxima a 50 kilómetros por hora ha contribuido sustancialmente a la mejora de tales indicadores.

El país está en mora de abordar este asunto con diligencia y acciones decididas. Como lo recordaba el estudio de la Universidad de los Andes, la herramienta legal existe: la ley Julián Esteban. Promover su implementación plena a lo largo y ancho del territorio nacional es urgente si se quiere frenar la estela de muerte que dejan los siniestros viales.

Y, como decían varios de los participantes en el foro citado, proteger la vida en espacios públicos no depende de una sola entidad. Es un compromiso de la institucionalidad en su conjunto y la sociedad en general, que no puede permitir que morir en la vía siga siendo un asunto de indicadores y nada más.

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