Semana clave para el futuro del Gobierno y las patatas no se asan precisamente en el Congreso de los Diputados. En los calendarios del Palacio de la Moncloa está señalado en rojo el 16 de julio, día en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita – por fin – su veredicto sobre la Ley de Amnistía, aprobada al principio de la legislatura. Con la presión de los casos judiciales, los primeros pasos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y una mayoría parlamentaria cada vez más exigua, buena parte de las esperanzas de la coalición pasan por la corte de Luxemburgo. Intramuros del edificio presidencial confían en que el dictamen sirva como piedra de toque para reconstruir las relaciones con Junts per Catalunya y atraerles de nuevo hacia el bloque de la investidura para, de este modo, cauterizar mínimamente las heridas en la Carrera de San Jerónimo.

El Gobierno no contempla el fallo del TJUE como un episodio meramente judicial. Nadie lo hace, de hecho. No sólo Moncloa estará ojo avizor a lo que ocurra en Luxemburgo, también el resto de grupos parlamentarios para estudiar sus próximos movimientos. Lo interpretan como un punto de inflexión político. La convicción en el entorno del presidente es que una resolución favorable al espíritu de la normativa rebajaría los niveles de tensión con los de Carles Puigdemont y abrir un nuevo espacio al entendimiento para aguantar lo que queda de legislatura y quién sabe si agotar la misma con el dulzor de la victoria por la aprobación de las........

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