El nuevo paso del Partido Popular para deslegitimar la acción del Gobierno de Pedro Sánchez está pasando en los últimos días por dar vuelo a teorías de la conspiración habituales de la derecha. La estrategia trumpista de alimentar sospechas de fraude electoral llegó a España de la mano de Vox, pero ahora son los de Alberto Núñez Feijóo los que la están convirtiendo en su mayor baza política.

Anticiparse al resultado, cuestionarlo, y luego olvidarlo si las cosas van bien. Esta estrategia ya se ha visto en anteriores citas con las urnas, pero ahora adquiere una nueva dimensión nacional en la que el PP acusa al Gobierno de querer inflar los censos electorales, asumiendo que el hecho de que haya más votantes supondrá un mejor resultado para el Partido Socialista.

Lo dijo claramente el líder de Vox, Santiago Abascal, durante la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso el pasado miércoles: “Sánchez está actuando para robar las elecciones”. Para tratar de alimentar esta conspiración del “pucherazo”, el PP ha ido de la mano de la ultraderecha para sembrar dudas sobre la regularización extraordinaria de migrantes, para la que se ha cerrado el plazo este miércoles. El proceso, que ha contabilizado más de un millón de solicitudes de personas que ya trabajan en nuestro país, en contra de lo que tratan de sostener en Génova y Bambú, no otorga derecho a voto en las elecciones generales.

Feijóo y la ‘ley de nietos’: veinte años de contradicciones

Ahora, estas conspiraciones se centran en la llamada ‘ley de nietos’. Se trata de un apartado de la Ley de Memoria Democrática. El Congreso la aprobó en 2022, a pesar del voto en contra de la derecha, que entonces no dijo nada sobre la disposición que permite que los descendientes de los exiliados por la dictadura, que perdieron la nacionalidad española por culpa de la represión del franquismo, puedan recuperarla.

De hecho, el PP presentó una enmienda que, en este apartado -la disposición adicional octava-, solo eliminaba de las condiciones para acogerse que el motivo para el exilio hubiera sido “de orientación e identidad sexual”, con respecto al texto que se aprobó y que figura en el Boletín Oficial del Estado. A pesar de este intento por obviar la persecución al colectivo LGTBI por parte de la dictadura, la Cámara Baja aprobó el texto y permitió que se hayan tramitado desde entonces 1,2 millones de solicitudes.

Pero más allá de eso, el propio Feijóo lleva veinte años........

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