Hoy escribo con la responsabilidad que me impone mi condición de veedor ciudadano. Lo que ocurre en Uribia, La Guajira, con el modelo etnoeducativo no es un problema menor ni una queja aislada: es una degradación de la dignidad humana que tiene nombre propio y también responsables directos empezando por el alcalde municipal.

Los decretos 2500 de 2010 y 1953 de 2014 crearon un modelo de contratación de la administración educativa con autoridades tradicionales indígenas, en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio. La intención era noble: reivindicar la autonomía cultural del pueblo wayuu y garantizar una educación pertinente en sus territorios. Pero en Uribia, capital indígena de Colombia, resultó peor el remedio que la enfermedad.

¿Qué está pasando? Los docentes contratados se han convertido en víctimas de un sistema perverso donde la condición para mantenerse en el territorio es pagarle cuotas a líderes y autoridades tradicionales. Tengo pruebas de consignaciones de dinero que hacen los maestros de su sueldo a quien controla la comunidad........

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