La cuarta reforma de la Constitución coge velocidad y podría estar aprobada en un meses

La iniciativa pretende que Formentera tenga un senador propio, pero podría frenarse por la disputa sobre si en la carta magna debe poner Ibiza o Eivissa

Archivo - Ujier del Senado retira la Constitución española del salón del pleno después del juramento de un nuevo senador. 21/10/2025. / PEDRO RUIZ - Archivo

Miguel Ángel Rodríguez

Sin hacer mucho ruido ni llamar la atención, la cuarta reforma de la Constitución está cogiendo velocidad y podría materializarse en menos de un mes. La iniciativa para reformar la carta magna con el objetivo de que Formentera tenga un senador propio y deje de compartirlo con Ibiza se debatirá la próxima semana en el Congreso mediante un procedimiento abreviado y después solo tendrá que superar el trámite del Senado, lo que suele tardar unos pocos días. Sin embargo, una disputa sobre si en la Constitución debería poner Ibiza o Eivissa podría retrasarlo todo e, incluso, echarlo a perder.

En el verano del 2004, los habitantes de Formentera celebraron como un éxito que su Ayuntamiento reclamase tener un senador propio. Sin embargo, desde aquella primera reivindicación han tenido que esperar cerca de 22 años para que la reforma se encarrile. Después de que a principios de febrero el Congreso aceptara tramitar la propuesta enviada por el Parlament Balear para retocar la carta magna, el pleno de la Cámara Baja acordó esta semana que el debate se realizará en lectura única, sin pasar por comisión. Así, salvo sorpresa, la próxima semana el Congreso aprobará la iniciativa para remitirla al Senado.

Los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, y todos sus socios -ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria- respaldaron emplear este procedimiento abreviado, utilizado en las tres modificaciones anteriores de la Constitución. El PP, que no quiso explicar el sentido de su voto, se abstuvo y solo Vox se mostró en contra de acelerar los tiempos. El partido de extrema derecha argumentó que hay formaciones, como el PNV, que han registrado enmiendas para cambiar otros aspectos. Sin embargo, el acuerdo tácito es que no sé de el visto bueno a ninguna de estas propuestas y se limite todo a la cuestión de Formentera.

Disputas por los topónimos

La modificación es sencilla. La Constitución establece en su artículo 69.3 que, en las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas que tenga cabildo o consejo insular constituirá "una circunscripción a efectos de elección de senadores". Así, la carta magna detalla que Gran Canaria, Mallorca y Tenerife elegirán tres senadores cada una y que a Menorca, Fuerteventura, la Gomera, el Hierro, Lanzarote y La Palma les corresponde uno. En este último grupo entra también "Ibiza-Formentera", obligando a ambas islas a compartir representante.

Así, la propuesta es eliminar ese guion que conecta a ambas islas para que los más de 11.000 formenteranos pueda acudir a las urnas en las próximas elecciones generales y elegir a su propio senador. No obstante, hay un pequeño detalle que podría frenar enfangar la reforma. En el texto que se está tramitando pone "Eivissa", en lugar de Ibiza. Los populares ya han presentado una enmienda, que se debatirá el próximo jueves, para que el topónimo esté en castellano y no en catalán. Fuentes socialistas apuntan que lo más seguro sea que no lo respalden y mantengan la redacción actual.

El problema es que es necesario el voto favorable de ambos partidos para que la iniciativa alcance el visto bueno de tres quintos de la Cámara que requiere una reforma constitucional. Así, o los socialistas acceden en el Congreso a aceptar Ibiza o los populares dan el visto bueno al texto la próxima semana y ya en el Senado hacen uso de su mayoría absoluta para modificarlo. No obstante, será entonces cuando el PSOE tenga que decidir qué hace.

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La Constitución, que a mediados de febrero se convirtió en la más longeva de la historia de España, podría ver así su cuarta modificación, todas tramitadas por la vía rápida y con el consenso siempre de PP y PSOE. Desde su aprobación en 1978, se han producido tres cambios: el primero, en 1992, para incluir el sufragio pasivo de los ciudadanos europeos en las elecciones locales, fruto de la entrada de España en la UE; el segundo, para incluir las reglas de estabilidad impuestas por Europa, en 2011; y uno último, a comienzos de 2024, para sustituir el término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad".

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