Entre 1906 y 2026, los ingresos per cápita de Colombia pasaron de ser los más bajos de la región andina a los más altos. Superamos a Ecuador aproximadamente en 1920, a Bolivia tras la Gran Depresión de 1929, al Perú a inicios de los años ochenta y a Venezuela a mediados de la década pasada, cuando el proyecto chavista culminó en la destrucción económica del país vecino. Poco se habla de aquel ascenso silencioso, en gran parte porque Colombia no ha visto un episodio sostenido de alto crecimiento en memoria reciente. Hemos olvidado el gran milagro cafetero de 1909-1929, cuando obtuvimos el mayor crecimiento económico del mundo, y desde entonces venimos creciendo a tasas per cápita anuales del 2%, no muy distintas a las de Estados Unidos en el mismo periodo.

Si superamos a nuestros vecinos, no ha sido por haber logrado grandes hazañas en materia económica, sino por haber evitado los peores escenarios durante más de un siglo. Todos los países previamente mencionados, a excepción de Colombia y Estados Unidos, han vivido episodios de inflación anual por encima del 50%. Tres de ellos -Bolivia, Perú y Venezuela- han experimentado la hiperinflación, reflejada en tasas mensuales por encima del 50%. Los colombianos no hemos vivido en carne propia la destrucción acelerada del valor de nuestro dinero. Eso se lo debemos a nuestro Banco de la República.

Por eso resulta tan preocupante la intención abierta del petrismo de socavar su independencia. La historia es la misma siempre que se repite. Luego de obtener mayorías en la junta directiva del banco central, el populista ordena la reducción arbitraria de las tasas de interés, permitiéndole financiar el derroche y el clientelismo más allá de lo que permite la base tributaria del país. Grandes cantidades de dinero comienzan a circular en la economía sin un incremento correspondiente en la capacidad productiva del país.

Los precios comienzan a subir cada vez más rápidamente, por lo que el valor real del ahorro privado colapsa. La ciudadanía comienza a gastar cada vez más, pues cualquier producto que necesiten será más barato hoy que mañana. Comienza a buscar formas alternativas de ahorrar, intercambiando sus pesos por dólares o metales preciosos para guardar debajo del colchón. Todos estos mecanismos se refuerzan entre sí, generando, en última instancia, un colapso social inaceptable. Las necesidades básicas comienzan a escasear, los salarios pierden rápidamente su poder adquisitivo y la pobreza aumenta a niveles no vistos en décadas. Ese es el futuro que nos espera si Gustavo Petro e Iván Cepeda logran cooptar al Banco de la República.

Peor aún, hoy sabemos que ese futuro ya estuvo al alcance del petrismo durante este gobierno. El presidente confesó que su “mayor error” fue haber nombrado a Olga Lucía Acosta, una economista preparada y responsable, como codirectora del Banco en 2023. De haber nombrado a tres petristas fieles en los últimos años, teniendo en cuenta el puesto asignado al Ministro de Hacienda, hoy Petro controlaría a cuatro de los siete integrantes de la Junta Directiva, acabando así con más de un siglo de política monetaria responsable.

En el próximo gobierno, urgen reformas para salvaguardar la independencia indefinida del Banco de la República. Siguiendo el ejemplo de Chile, deberíamos contemplar extender el mandato de los codirectores de 4 a 10 años, someter sus nombramientos a la aprobación del Congreso y reemplazar al ministro de Hacienda por un sexto codirector independiente. En ese escenario, quedaríamos mucho mejor protegidos contra futuros episodios populistas.

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