Anuncia el presidente Gustavo Petro una reforma tributaria adicional que piensa presentar una vez se instale el nuevo Congreso, el próximo 20 de julio. Obviamente, otra cortina de humo. ¿A qué gobierno le van a aprobar un proyecto de esta naturaleza a dos semanas de terminar su mandato? ¿Por qué hacerlo ahora pese a que tuvo todo un mandato para implementar la reforma estructural que tanto se requiere? ¿Qué gobierno entrante va a aceptar como propia una iniciativa de esta dimensión, heredada del gobierno anterior?

Creo que ni siquiera Iván Cepeda o Roy Barreras tendrían interés de jugársela por el proyecto que Petro dice querer dejar para la posteridad. Así que no me cabe la menor duda de que tan disparatado anuncio no es sino otra oportunidad que se le presenta al mandatario para azuzar las confrontaciones y sembrar la cizaña.

Hay que reconocerle al presidente, sin embargo, que el país definitivamente necesita una reforma tributaria, un cambio profundo de las reglas que rigen nuestro sistema impositivo. En eso estamos de acuerdo todos.

El problema radica en definir el tipo de sistema tributario que más nos conviene. Y es acá donde surgen las diferencias.

El estatuto tributario no es instrumento aislado, sino uno de los componentes básicos del modelo de Estado que queremos promover. Así que, excelente que haya reforma tributaria. La pregunta es, ¿reforma tributaria para qué?

Alguien podría afirmar, sin embargo, que la pregunta planteada sobra en la medida en que las normas tributarias buscan siempre lo mismo: obtener los recursos que el Estado requiere para asegurar su funcionamiento. 

Muy bien. Entonces, ¿de qué tipo de Estado estamos hablando? 

Esta pregunta había sido subsumida hasta cierto por el debate político quizá desde la expedición de la Constitución de 1991 en la medida en que en ese momento logramos construir un pacto social que gozó de un alto grado de consenso.

Un consenso que saltó en pedazos a partir del momento en que los radicales de izquierda perdieron las elecciones de 2018 y se lanzaron como fieras contra la alternativa ganadora. Contra un gobierno legítimo que, de no haber sido por el advenimiento de la pandemia, hubiera visto un final anticipado.

El periodo 2022 - 2026 ha sido testigo del rompimiento de tales acuerdos a los que les habíamos dado un amplio reconocimiento por cerca de tres décadas. Las instituciones han sido objeto de ataques, amenazas y cuestionamientos que no habíamos visto jamás.

De manera que el tipo de estatuto tributario que se debe poner en marcha para actualizar la estructura impositiva del país depende de los valores políticos que buscamos promover. ¿Queremos apostarle a una verdadera economía de mercado o preferimos un sistema con altos niveles de planificación estatal? ¿Creemos que la propiedad privada y la libre iniciativa son fuerzas que mueven el progreso o vicios que carcomen las sociedades? ¿Confiamos en la capacidad de los particulares para incentivar el progreso a través de los servicios públicos, las actividades financieras y las industrias extractivas? ¿Cuáles son las obligaciones que el Estado debe asumir y cómo va a hacer para honrarlas?

Se trata de temas básicos que exigen claridad. Indicadores que nos señalan hacia dónde transitar. Es a partir de estos lineamientos que podremos determinar el modelo tributario que más se acomoda al tipo de sociedad que queremos construir. Preguntas que en este momento no hay cómo abordar y que deberemos empezar a responder, otra vez, a partir del 7 de agosto.

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