Los colombianos seguimos atrapados en un debate que el mundo ya recorrió. Mientras en otros lugares la discusión sobre los modelos económicos ha sido contrastada con la realidad, aquí persiste una lectura ideológica que no resiste la experiencia histórica.

Durante más de un siglo, desde Karl Marx, se ha sostenido la idea de que la organización económica puede fundarse en la estatización de los medios de producción, la planificación central y la subordinación del individuo al Estado. Frente a ello, Ludwig von Mises advirtió, a comienzos del siglo XX, que sin propiedad privada ni precios de mercado no es posible asignar racionalmente los recursos.

Durante décadas esta discusión fue teórica. Hoy es histórica. La experiencia ha mostrado que estos modelos no generaron prosperidad sostenida. Allí donde no se corrigieron, el resultado no fue distribuir riqueza, sino generalizar la pobreza: empobrecieron a quienes tenían y profundizaron la miseria de quienes no tenían. Otros países, en cambio, optaron por rectificar.

China es un ejemplo elocuente. Sin abandonar su estructura política comprendió que no podía sostener su desarrollo negando la iniciativa individual. A partir de las reformas impulsadas por Deng Xiaoping -cuando en diciembre de 1978 afirmó que “enriquecerse es glorioso”- abrió espacios para la iniciativa económica y transformó su modelo productivo.

Aquella idea, inicialmente ajena a una sociedad sin tradición de propiedad individual, terminó por ser asumida. Los chinos finalmente se la creyeron y, desde entonces, no han dejado de enriquecerse. En pocas décadas sorprendieron al mundo con un crecimiento sostenido que los llevó a convertirse en la segunda potencia económica detrás de los Estados Unidos.

Conozco ese proceso de primera mano. He visitado China en más de cuarenta ocasiones, antes y después de su apertura. He visto cómo una sociedad en la que la propiedad individual no existía -donde incluso los bienes más básicos eran institucionales- pasó a ser una economía dinámica y orientada al progreso material de sus ciudadanos. En los antiguos hutong, -barrios chinos tradicionales- quien poseía una bicicleta era considerado una persona destacada. Hoy, la realidad es muy distinta. En la China actual, quien quiere tener un automóvil puede hacerlo, y no pocas veces se trata de vehículos de alta gama. La propia industria automotriz china ha sorprendido al mundo con desarrollos de gran calidad, especialmente en el campo de los vehículos eléctricos, al punto de competir de manera creciente con marcas tradicionales de Europa, Estados Unidos y Japón.

Ese cambio no fue retórico. En pocas décadas, más de 800 millones de personas salieron de la pobreza. Fue el resultado de decisiones concretas, entre ellas la apertura a la inversión extranjera y la creación de condiciones para el desarrollo productivo.

Ese pragmatismo también se percibe en lo cotidiano. Los servicios públicos y la infraestructura permanecen, en buena medida, bajo responsabilidad del Estado, pero funcionan con niveles de eficiencia a toda prueba. Al mismo tiempo, la educación y la salud no son gratuitas: las personas participan en su financiación y acceden a servicios de calidad. No se trata de un modelo rígido, sino de un enfoque práctico que combina organización estatal con iniciativa individual y una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles.

La diferencia es importante. Ese equilibrio exige disciplina institucional y una cultura de responsabilidad que no siempre está presente en contextos como el nuestro. Cuando esa prudencia se pierde, el riesgo es evidente: el modelo puede derivar hacia esquemas de control excesivo que terminan limitando la iniciativa y afectando el desarrollo.

Tengo la impresión -construida a partir de múltiples conversaciones en China y en Colombia- de que la relación de China con Venezuela, pese a los enormes esfuerzos realizados en ingentes inversiones, no produjo los resultados esperados para ninguna de las partes. Algo similar podría decirse, en distintos grados, de otras experiencias comparables en la región. Para la antigua URSS, Cuba significó un inútil barril sin fondo.

La lección es sobria: incluso las grandes potencias prefieren interlocutores serios, estables y eficaces, capaces de convertir los recursos en desarrollo real.

Por eso vale la pena decirlo con franqueza y respeto a quienes hoy orientan el debate público en Colombia, entre ellos el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda Castro. Colombia no necesita profundizar divisiones ni alimentar enfrentamientos. Con una sociedad que ha avanzado y una clase media que ha crecido y debería continuar superándose, lo que el país requiere es abrir espacios para que los colombianos podamos progresar con nuestro propio esfuerzo.

La discusión ya no es teórica. La historia ya resolvió este dilema e ignorarla tiene un costo.

© El Nuevo Siglo Bogotá