A medida que se intensifique la campaña presidencial en Chile, veremos emerger propuestas desde todos los sectores que responderán, en mayor o menor medida, a esta lógica de beneficios concentrados y costos dispersos.

Chile está ad portas de una nueva elección presidencial en un contexto complejo y polarizado: bajo crecimiento, estrechez fiscal, desconfianza ciudadana, polarización política y demandas sociales acumuladas desde el 2019. En este escenario, los incentivos electorales para ser demagogo y “vender la pomada” se intensifican.

Candidatos de todos los sectores competirán no solo con ideas, sino con ofertas dirigidas a grupos específicos, buscando apoyos visibles y movilizables. Más que nunca, el debate público –y los votantes– deben considerar no solo las intenciones, sino también los mecanismos para gobernar. Porque detrás de cada promesa electoral hay una señal sobre cómo se ejerce el poder y a quién se busca beneficiar.

La teoría económica llamada “elección pública” (Public Choice) ofrece un marco útil para pensar este fenómeno de las elecciones: nos recuerda que políticos, votantes y burócratas no son ángeles benevolentes que buscan el bien común, sino que son agentes racionales que responden a incentivos y que buscan hacer avanzar sus propios intereses.

En campañas electorales, estos comportamientos se agudizan: crece la presión por ofrecer rentas concentradas (bonos, subsidios, condonaciones de deudas universitarias, rebajas tributarias, beneficios regionales, etc.) a segmentos de la población que votan en bloque, protestan eficazmente o tienen visibilidad mediática, y, por ende, tienden a votar por aquellos políticos que les ofrecen beneficios concretos en el corto........

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