La propuesta invade la potestad discrecional de autoridades en cargos de confianza, sustituyendo el criterio de “necesidades del servicio” por requisitos excesivos que generan litigiosidad, contraviniendo la Ley Orgánica de la Contraloría.

Y aun así, logran decepcionarme, tal como diría Dewey, el hermano chico de la serie Malcolm in the Middle. El gobierno de los estudiantes en práctica, como hemos denominado a las autoridades salientes, nos deja un último recuerdo de la forma errática, improvisada e irresponsable con la que se han conducido como Gobierno en su proyecto de ley de reajuste del sector público 2026, el que establece normas que limitan la no renovación de contratos a contrata mediante actos administrativos fundados y permiten reclamos ante Contraloría.

La inclusión del “amarre” (cuya viabilidad o no finalmente se verá en el Senado) viola el principio........

© el mostrador