Chile discute hoy en el Senado una nueva Ley de Transferencia Tecnológica, que tiene entre sus propósitos levantar las trabas a la transferencia de tecnología, especialmente desde las universidades, que les impone el actual marco legal.

Esta iniciativa es positiva, ya que, sin transferencia, el conocimiento generado quedaría en un cajón. Sin embargo, la transferencia no puede ser para cualquier fin: debe ser consistente con la misión de las universidades chilenas. Esta misión se dirige al bien de la sociedad, ya sea en su dimensión de educación, investigación o extensión, donde se enmarca la transferencia.

No puede dar lo mismo para la universidad, ni menos para quienes fijan las políticas a nivel nacional, que los resultados de la investigación sean adquiridos  por un tercero, solo para ser guardados, utilizados para extorsionar con demandas –como lo hacen los llamados patent trolls– o, por ejemplo, que en el caso de una vacuna el adquirente cobre precios que la hagan inaccesible en Chile o en países de menores ingresos y sectores vulnerables.

Para evitar transferencias con resultados indeseables para el interés público entra en juego el Licenciamiento Socialmente Responsable (LSR), un enfoque que ha transformado la manera en que universidades y centros de investigación gestionan sus tecnologías en el mundo, para prevenir que se transfiera la tecnología sin considerar cómo será usada.

El LSR nació de experiencias que no deben repetirse. En el año 2001, en plena crisis del VIH/SIDA en África subsahariana, la Universidad de Yale era titular de la patente de un medicamento llamado Stavudina (Zerit), desarrollado con fondos públicos en su laboratorio. Yale había licenciado la patente de manera exclusiva a la farmacéutica Bristol-Myers Squibb (BMS), que lo........

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