Los tres “mecanismos” señalados –vaciamiento de personas, captura ideológica de cargos, desfinanciamiento selectivo– no son hechos aislados ni producto de la improvisación. Son partes de un diseño coherente que solo se vuelve legible cuando se mira el conjunto.

El Estado no se derrumba. Lo derrumban.

Hay dos maneras de destruir una institución. La primera es la confrontación directa: el decreto que la cierra, la ley que la elimina, el discurso que la declara enemiga pública. Es ruidosa, genera imágenes, activa resistencia, moviliza defensas.

La segunda es más lenta y considerablemente más eficaz: se deja entrar a las personas equivocadas, se retira el financiamiento con paciencia quirúrgica, se hace inhabitable el cargo para quien tiene verdadera vocación de servicio, y se espera. No hay decreto que impugnar. No hay imagen que viralizar. Solo una institución que, un día, ya no funciona.

En la columna anterior de esta serie argumenté que este Gobierno opera con la lógica de una misión ideológica, no con los cálculos de la política electoral ordinaria. Su objetivo es transformar el país en un sentido profundo y duradero. Esa premisa tiene una consecuencia directa sobre cómo se relaciona con el Estado: si el Estado es, en su visión de mundo, un agente de corrupción moral y dependencia colectiva, entonces reducirlo no es una política pública, sino un imperativo ético, y la forma más eficaz de reducirlo –la que genera menos resistencia y deja menos huellas– no es el bulldozer, sino la termita. Silenciosa, sistemática, difícil de nombrar hasta que el daño ya está hecho.

Una manera de hacerlo es antigua y efectiva: sacar a las personas que hacen funcionar las instituciones. No mediante purgas formales, que generan escándalo y solidaridad corporativa, sino por una vía más refinada: hacer el cargo insoportable para quien tiene........

© el mostrador