Pero el escenario chileno revela que el desafío es hoy más complejo que cerrar la distancia entre reconocimiento e implementación.

Los días 4 y 5 de noviembre, las jefas y jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica volverán a reunirse, esta vez en Madrid, para celebrar la XXX Cumbre Iberoamericana. Treinta encuentros constituyen una trayectoria suficientemente extensa como para preguntarse no solamente qué nuevos compromisos adoptará la región, sino qué ha ocurrido con aquellos que los Estados han venido asumiendo durante las últimas décadas.

El lema escogido para Madrid invita precisamente a formular esa pregunta: “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”. Pero si hablamos de una comunidad construida “juntos”, resulta inevitable preguntarnos quiénes forman parte de ese nosotros. ¿Qué lugar ocupan los Pueblos Indígenas en esa comunidad? ¿Son únicamente destinatarios de políticas públicas o son reconocidos efectivamente como actores políticos de su construcción? Y, trasladando estas preguntas a nuestro país, ¿qué significa ese “juntos” para Chile y para su relación con los Pueblos Indígenas?

Chile no llega a Madrid frente a una hoja en blanco. Llega con compromisos previamente asumidos. En 2018, durante la XXVI Cumbre Iberoamericana celebrada en La Antigua, Guatemala, los países de la región respaldaron el Plan de Acción de Iberoamérica para la Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Plan, elaborado mediante el diálogo entre autoridades gubernamentales y representantes indígenas, propuso avanzar desde el reconocimiento formal de los derechos hacia su realización efectiva, mediante objetivos comunes y acciones coordinadas entre Estados, Pueblos Indígenas y organismos de cooperación.

La distinción es fundamental. Durante las últimas décadas, América Latina ha construido un importante entramado normativo de reconocimiento de derechos indígenas, que incluye el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana y una extensa jurisprudencia interamericana, junto con desarrollos legislativos e institucionales nacionales de diversa profundidad.

Sin embargo, la existencia de ese marco normativo no ha garantizado necesariamente el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos. Precisamente por ello, el Plan de Acción de Iberoamérica situó la implementación en el centro de las prioridades regionales. Chile participó de ese proceso y respaldó sus compromisos. Ocho años después, corresponde preguntarse cuánto se ha avanzado en traducirlos en políticas públicas, instituciones, presupuestos y mecanismos efectivos de participación.

Porque los compromisos internacionales no deberían agotarse en las declaraciones adoptadas durante las cumbres. Su verdadero significado se expresa en las transformaciones que son capaces de producir en la relación entre los Estados y los Pueblos Indígenas.

Esta misma preocupación volvió a plantearse en marzo pasado, durante el V Encuentro de Altas Autoridades de Gobiernos y Pueblos Indígenas de Iberoamérica, celebrado en Santa Marta, Colombia, como parte del proceso preparatorio de la Cumbre de Madrid.

Su Declaración propuso profundizar el Plan de Acción y extender su horizonte hasta 2038, concentrando los........

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