Una autonomía que se diluye en las mesas del Ejecutivo, y una objetividad que se doblega ante el clamor por cifras o el peso de los influyentes, dañan por igual la promesa que la institución le hace al país.

En mayo pasado, tras los operativos policiales que permitieron ingresar a Temucuicui en la región de La Araucanía, la exministra Steinert se apresuró a exhibirlos como un logro de gobierno, expresando que “esto corresponde a un trabajo responsable, realizado en atención al mandato del Presidente de la República, y que tiene que ver con las acciones concretas que estamos realizando como Ministerio de Seguridad”.

La fiscalía, por boca de su fiscal nacional subrogante —que es, a la vez, fiscal regional de la zona—, respondió realizando un discreto —pero nítido— rayado de cancha: la labor del Estado en materia de seguridad, dijo, es permanente y “no depende de ninguna manera ni de una autoridad en concreto de las policías, del Ministerio Público o del Ejecutivo”. El episodio dejó al descubierto una tensión que conviene mirar de frente.

Vivimos un tiempo en que la delincuencia manda en la agenda. El Gobierno —cualquiera sea su signo— tiene el deber de enfrentarla, y para ello despliega una política pública: coordina a las policías, convoca mesas de trabajo, fija metas, mide y exhibe resultados.

Todo eso es legítimo y esperable de quien gobierna. El problema aparece cuando, en ese mismo movimiento, se arrastra al Ministerio Público como si fuera una pieza más del engranaje del Ejecutivo. El Ministerio Público no es........

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