Proteger las instituciones judiciales de este tipo de corrupción es un deber colectivo que requiere vigilancia, firmeza y compromiso. Solo así podremos garantizar que la justicia siga siendo el pilar sobre el cual se sostiene una sociedad libre, equitativa y democrática.

La prevaricación, entendida como la emisión de resoluciones manifiestamente injustas por parte de un juez o autoridad, constituye una de las más graves traiciones al Estado de Derecho. Este delito, más allá de sus implicancias legales, tiene profundas repercusiones sociales, políticas y éticas, socavando la confianza en las instituciones judiciales y erosionando los cimientos mismos de una sociedad democrática.

En la legislación chilena, la prevaricación se define como el delito que comete una autoridad, funcionario público o juez al dictar resoluciones o llevar a cabo acciones arbitrarias o injustas, a sabiendas de que son contrarias a la ley. Se distinguen principalmente dos tipos de prevaricación:

Prevaricación judicial: se refiere a las acciones de jueces y fiscales que dictan resoluciones manifiestamente injustas, con pleno conocimiento de su ilegalidad. Esto incluye fallar a sabiendas contra ley expresa y vigente en causa civil o criminal.

Prevaricación administrativa: este tipo de prevaricación se aplica a empleados públicos no judiciales que dictan providencias o resoluciones manifiestamente injustas en negocios contenciosos administrativos o meramente administrativos. Está penada como abuso de poder por parte de funcionarios.

Por ejemplo, si un fiscal o funcionario filtra intencionalmente antecedentes para perjudicar a una persona, favorecer a otra u obtener........

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