Crecer en un entorno donde uno ve cómo los políticos hacen promesas, suben los impuestos, agrandan el Estado y, al final, terminan ahuyentando a las empresas y a la gente productiva es una historia que muchos colombianos empiezan a conocer muy bien. Con cada nueva reforma tributaria, el país se vuelve más caro, más corrupto y más hostil para quien intenta construir o generar riqueza. La pregunta hoy, a mediados de 2026, es inevitable: ¿Hasta dónde hemos caído?

La situación ha llegado a un punto crítico en el que, para muchos, el país empieza a sentirse en ruinas. En una nueva muestra del deterioro de los estándares políticos, el debate nacional se ha llenado de figuras que, ante cualquier escándalo o conexión cuestionable, reciben el respaldo del establishment mientras se le exige pureza ideológica al ciudadano de a pie. Es la misma clase política que exige vigilancia, censura y medidas de seguridad interminables, pero que de repente descubre matices y justificaciones cuando la polémica le queda cerca. Pero el problema no es solo político. Colombia se ha convertido en un estudio de caso sobre el deterioro institucional y económico. El país ya se encuentra entre las jurisdicciones con mayor presión fiscal de la región. Colombia sigue teniendo una de las tarifas de renta corporativa más altas de América Latina, con un 35%, mientras sectores como el financiero enfrentan sobretasas que elevan su tributación efectiva hasta el 50%. A esto se suma un nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas que, según Fenalco, castiga la innovación y la acumulación de capital. Las empresas, agobiadas, siguen reubicándose en otros países, mientras los inversionistas extranjeros miran con creciente preocupación. La inversión extranjera directa (IED) cerró 2025 en US4.048 millones en capital extranjero, equivalente a una........

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