La esfera política de la sociedad chilena atraviesa una crisis de proporciones.

Para empezar con lo más tradicional, el presidencialismo —esa institución de casi dos siglos, muy valorada en los relatos políticos chilenos— aparece debilitado, con su figura principal en el backstage, donde el poder se relaciona con la cotidianeidad. Por eso carece de liderazgo auténtico y, lo que es más notable, tiene una mala percepción pública apenas estrenado en su cargo y tampoco cuenta con el pleno respaldo de su propio sector. 

Esta sintomatología se atribuye generalmente a una estrategia comunicacional totalmente dirigida en contra del gobierno anterior y carente de perspectiva futura, así como a la falta de una estrategia sólida de gobernabilidad. Se refleja en un “segundo piso” conflictivo que se ha vuelto inofensivo y en un gabinete político reducido a dos ministros enfocados en obtener “un voto más”, en lugar de impulsar al Presidente para construir una plataforma de liderazgo efectivo en un contexto que, en los últimos meses, ha visto deteriorarse el ánimo de la población. Sin embargo, han logrado algunos avances en la zigzagueante tramitación de la ley miscelánea, aunque no en cuanto a ensanchar su base de apoyo.  

Las derechas —incluidas las viejas y las nuevas, algunas duras, otras blandas; extremas y moderadas; liberales, iliberales, posliberales y libertarias, así como populistas— discuten entre sí en torno a ideas, la lealtad al Presidente y sus futuras proyecciones. En ese entorno, surge una confrontación de personalidades, enfoques y estilos: republicanos contra Chile Vamos, y Chile Vamos contra los nacional-libertarios; sensibilidades que priorizan el cuidado de la gente o del capital; grupos que defienden la austeridad presupuestaria frente a quienes apoyan transferencias directas; círculos que quieren proteger el medioambiente y una mayoría que se aburre de temas ecológicos; actitudes religiosas frente a minorías liberal-secularistas; y, recientemente, liderazgos dispuestos a crear espacios de diálogo político-técnico limitado, en contraste con otros que llaman a votar y a imponer el número decisivo sin más trámite.

Entre tanto, los círculos intelectuales, think tanks, technopols, portavoces gremiales y editores de opinión del sector se muestran impacientes ante un gobierno que no termina de definirse y un oficialismo con escaso talento político, que se desordena de continuo y avanza a trastabillones según la lógica de “un voto más”, sin construir bases de gobernabilidad.

Estos círculos están conscientes de que el llamado “gobierno de emergencia” de Kast se va vaciando lentamente, sin ofrecer un esquema de poder político más estable capaz de establecer un orden alternativo que evite el péndulo de la alternancia. Cada día, este oficialismo, liderado por el Partido Republicano, requiere apoyarse en sus dos alas opuestas: los nacional-libertarios, que se orientan en una dirección, y el Partido de la Gente junto a los socialcristianos, en la contraria. Sin embargo, esta situación entra en conflicto con el “camino propio” del PDG y su aspiración de llegar al gobierno con su líder, así como con la tendencia a la supervivencia de algunos grupos de Chile Vamos que rechazan moverse hacia el extremo.

Detrás de este aparente caos, hay una lucha ideológica no oficial entre las distintas facciones de derecha. Actualmente, se refleja de manera desigual en tres ámbitos — económico, de seguridad y cultural—, y se manifiesta en el gobierno, en el Congreso y en el espacio público. Es útil analizar brevemente cada una de ellas.

En el ámbito económico, se libra, según admitió el propio ministro Quiroz y ha sido repetidamente sugerido por Kast, la batalla cultural más significativa: cambiar el ethos del capitalismo nacional y devolverle su impulso de trabajo, esfuerzo y disciplina; promover el sentido del sacrificio y la austeridad; incentivar el deseo de éxito personal y familiar; y fomentar un espíritu emprendedor y competitivo. Al mismo tiempo, busca superar los aspectos que este relato considera vicios de la época: la mediocridad, la envidia, el resentimiento, el hedonismo, el consumismo masivo y la peligrosa tendencia a depender del Estado y de los derechos otorgados.

No se trata solo de ajustar las expectativas fiscales, sino de promover una pedagogía moral en la economía. Para el gobierno, esto se refleja en una ortodoxia fiscal, control del gasto y una ofensiva “antipermisológica’ que se presenta no solo como una política técnica, sino como una cruzada: liberar los “espíritus animales” del empresariado requeriría, sobre todo, eliminar una cultura de sospecha hacia la inversión. En el Congreso, esto se manifiesta en la resistencia a nuevas transferencias destinadas a las necesidades de la población (en contraste con las “necesidades de la empresa”) y en la desconfianza hacia cualquier derecho social que, según esta perspectiva, fortalece la dependencia de grupos e individuos respecto al Estado. La paradoja es clara: un mismo bloque que pide reducir el Estado en la economía, pide más presencia estatal para moldear la moral económica de los ciudadanos.

En cuestiones de seguridad, opera un “imperialismo” punitivo cuya raíz más profunda es principalmente cultural: buscar recuperar la sociedad frente a vándalos e incivilizados, y premiar a los buenos ciudadanos. Esto implica establecer, usando la mayor presión penal y mediática, categorías de enemigo interno —como los bárbaros escondidos que amenazarían la buena sociedad, la familia y los valores tradicionales— en un amplio esfuerzo de “re-disciplinamiento” que se fundamenta en definir los límites de lo incivilizado.

Ya lo mencioné anteriormente, en otra columna, respecto al proyecto de crear un registro nacional de incivilidades y actos vandálicos: su simple estructura, que coloca en un mismo espectro el atentado y el rayado y penaliza ambos con la pérdida de beneficios sociales, confunde el síntoma con la enfermedad. La incivilidad no es en esencia un delito, sino una falta de socialización que forma parte de la lenta enseñanza de los límites, no una causa sospechosa. Gestionarla a través del castigo —privando de beca o subsidio, precisamente a quienes más los necesitan— corre el riesgo de exacerbarla y generar la barbarie que se busca evitar. Por tanto, el tema de la seguridad no es solo un asunto de orden público; es una intervención en el imaginario, una forma de reescribir la frontera entre civilización y barbarie, desplazándola hacia abajo, hasta tocar la vida cotidiana de los más pobres.

El frente cultural sigue siendo el campo más adecuado para la lucha ideológica. Sin embargo, la derecha republicana ha decidido, por ahora, hacer una pausa aparente en esta batalla, concentrándose en sus dos principales pilares de emergencia: la inversión empresarial y la seguridad punitiva. La agenda cultural más expresiva permanece en manos de la facción extrema de las derechas conservadoras, el nacionalismo libertario de Kaiser, aunque no desaparece por completo del horizonte del gobierno de Kast; sigue siendo parte de su visión de transformación social desde una postura de derecha dura.

Sus principales características son tres: (i) tratar la educación más como una cuestión de seguridad que de formación humana y ciudadana, convirtiendo las aulas en fronteras contra incívicos y en refugios para vándalos (que, en efecto, existen); (ii) cuestionar las humanidades por su supuesta falta de beneficios económicos, adoptando una lógica de rentabilidad que exige a la cultura rendir cuentas como si fuera un negocio más; y (iii) en el futuro cercano, la guerra cultural se centrará en el debate sobre el indulto a ex militares por delitos cometidos durante el estallido social del........

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