Búsqueda de un nuevo arreglo desde 2014

Como sociedad, con todas nuestras contradicciones y diversidad, llevamos casi una década buscando un arreglo relativamente estable de gobernabilidad. Este esfuerzo se remonta en lo fundamental a 2014, cuando el segundo gobierno de Michelle Bachelet intentó articular una alianza amplia de corrientes de izquierda para sustentar un nuevo paradigma de políticas de cambio pos-Concertación. Aquella apuesta de gobernabilidad -una suerte de anticipación del actual experimento del Presidente Boric- fracasó tempranamente.

El proyecto de la Nueva Mayoría sembró enormes expectativas de transformación, pero cosechó frustraciones masivas, careciendo de conducción política, de solidez técnica y de capacidad de gestión para implementar sus reformas. El resultado fue la ilusión de un nuevo ciclo histórico que se esfumó en poco tiempo: a pesar de su retórica refundacional y buenas intenciones, Bachelet II terminó diluyéndose en medidas inconexas y sin lograr consolidar una hoja de ruta. Tal como apunté en su momento en Nueva Mayoría: el fin de una ilusión (2015), las reformas emblemáticas -en especial la educacional- dejaron tras de sí una serie de problemas que aún hoy buscan solución y el proyecto post-Concertación se empantanó.

La derecha tecnocrática y las crisis imprevistas

Tras ese fracaso de la izquierda, una derecha de tendencias más centristas tuvo su turno de ofrecer un nuevo intento de gobernabilidad. El segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) se presentó con un reformismo moderado, apelando a una mayor eficacia gerencial en la administración pública y a un estilo tecnocrático orientado al crecimiento.

Sin embargo, la historia fue implacable con Piñera: dos crisis de enormes proporciones desviaron cualquier trayectoria prevista. En orden de importancia sociohistórica, primero, la pandemia de Covid-19 –una catástrofe sanitaria y social sin precedentes recientes– obligó al gobierno a desplegar una movilización nacional que prácticamente paralizó al país para contener el virus. Con importantes dosis de capacidad de gestión, se reforzó el sistema de salud, se multiplicaron las camas UCI, se implementó testeo y trazabilidad, y Chile aseguró tempranamente el acceso masivo a las vacunas. Esa respuesta logró salvar miles de vidas y sostuvo al país en pie durante lo peor de la pandemia.

Enseguida, aunque anterior en el tiempo, el estallido social del 18 de octubre de 2019, una convulsión multifacética: por un lado, protestas masivas contra la desigualdad y abusos; por otro, brotes de violencia anárquica y vandalismo que escaparon al control estatal. Esta revuelta desbordó por completo la capacidad de gestión política del gobierno. La figura presidencial quedó semiaislada y la administración, paralizada, incapaz de restablecer el orden por medios convencionales. Paradójicamente, fueron las fuerzas políticas -oficialistas y opositoras, salvo los extremos- las que tomaron las riendas institucionales de la crisis: en noviembre de 2019 firmaron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, pactando un proceso constituyente para canalizar el descontento dentro de cauces institucionales. Así, ante la convulsión social, la respuesta del sistema fue habilitar la redacción de una nueva Carta Magna, reconociendo que la antigua había perdido -por el momento- legitimidad. El gobierno de Piñera, en tanto, quedó como una administración sin herencia: logró sortear la pandemia con éxito relativo, pero fue sobrepasado políticamente por la crisis social y terminó allanando el camino para un cambio constitucional que él mismo no conduciría.

El momento constitucional y la utopía refundacional

De los ecos de aquella explosión-implosión de la sociedad chilena, emergieron con fuerza unas izquierdas radicalizadas -principalmente el Frente Amplio y el Partido Comunista- ofreciendo un proyecto de gobernabilidad completamente nuevo. Ese impulso se materializó en la Convención Constitucional de 2021-2022, que propuso una Carta Magna refundacional.

Chile vivió así su momento constitucional: una suerte de revolución semántico-ideológica destinada a refundar en el lenguaje las bases de la República. El borrador constitucional imaginaba una nueva comunidad nacional emancipada de herencias coloniales, oligárquicas y autoritarias; consagraba derechos sociales amplios, el carácter plurinacional del Estado, la paridad de género, el respeto a la naturaleza y otras innovaciones profundas. En términos comparativos, según indicaría la IA, aquella propuesta se perfilaba como una de las constituciones más progresistas del mundo, rompiendo drásticamente con el modelo instaurado durante la dictadura de Pinochet. Y que había sobrevivido hasta ese momento, se decía, en virtud de sus trampas y la blandura de la transición.

La narrativa de la Convención, en tanto, fue la de una segunda independencia: Chile por fin dejaba atrás más de 200 años de dominio elitista, machista, autoritario, y abrazaba valores populares, ecológicos, feministas, indígenas, regionales, etc. En suma, se soñó con fundar un nuevo país en sus territorios y pueblos, lenguajes y valores, imaginario y anhelos, dando pie -aunque fuera ilusoriamente- a una gobernabilidad tipo “socialismo del siglo XXI” por vía constitucional y plebiscitaria. Las izquierdas populares, verdes, feministas, indigenistas, académicas y movilizadas proyectaron en ese texto todos sus anhelos de transformación.

La caída del experimento constitucional y un gobierno a la deriva

Ese sueño, sin embargo, se vino abajo estrepitosamente con el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. La ciudadanía rechazó la propuesta constitucional por un margen aplastante (62% por el Rechazo), enviando un mensaje claro: el país no estaba dispuesto a una refundación institucional de tal magnitud. Con ello, Chile quedó aferrado a su carta constitucional vigente (la Constitución heredada de 1980, reformada durante la larga gobernabilidad concertacionista) y el flamante gobierno de Gabriel Boric se encontró súbitamente desnudo, desprovisto de proyecto y programa.  

Efectivamente,........

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