Negociar por igual a todos los violentos no solo es contrario a la Constitución y a la ley que, nos guste o no, da un tratamiento político al grueso de los delitos cometidos por los grupos guerrilleros, sino que enreda innecesariamente el camino judicial, como quedó comprobado con el galimatías de la suspensión de órdenes de captura, y genera tensiones, por razones opuestas, con todos los grupos violentos.

Los ceses del fuego echaron por la borda lecciones aprendidas de procesos previos, entre ellas que la presión militar sobre los violentos es fundamental para asegurar que asuman seriamente la negociación como un mecanismo real de salida de la confrontación y que los ceses sirven pero al final de las negociaciones, para prepararse para la desmovilización y el desarme. Firmados para empezar y sin exigirle a los violentos que paren su accionar criminal, solo sirvieron, como advertimos algunos que ocurriría, para paralizar a la Fuerza Pública y, en paralelo, fortalecer a los violentos.........

© El Informador