La jornada del domingo 25 de mayo terminó sin sorpresas mayores. Todo según lo previsto del poder que la convocó, organizó y marcó su paso. Una minoría nacional eligió la Asamblea Nacional que deberá instalarse constitucionalmente el 5 de enero del año que viene, dentro de más de siete meses. También los gobernadores y consejos legislativos de los estados, incluido uno creado por ley a contravía de la Constitución en la zona en reclamación del territorio Esequibo, diferendo que la República exige que se resuelva en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966. El resultado fue más o menos el previsible. En un cuadro de elevada abstención, tan ostensible que es inútil maquillarla con trucos estadísticos, abrumadora mayoría de los cargos para el partido gobernante, espacio residual para las marcas partidistas judicializadas y/o más o menos satélites y presencia minoritaria, más reducida de lo esperado, de la coalición opositora democrática que se atrevió a nadar contra la corriente con su participación en una elección aún con mayores restricciones y desigualdades que la de julio de 2024.

Dos líneas han signado en estos años la estrategia electoral del poder, sobre todo luego de 2010. Devaluar el voto como instrumento de cambio en manos de la ciudadanía y dividir la oposición. Estas líneas consistentes, cada vez más impúdicas, han contado con la colaboración, casi siempre involuntaria de acciones y omisiones en el campo responsable de propiciar un........

© El Impulso