«El proceso es la forma; la forma es la garantía.»

Francesco Carnelutti

En Venezuela, la administración de justicia debería ser un pilar de transparencia y garantía de derechos. No obstante, con demasiada frecuencia, observamos un fenómeno inaudito y profundamente preocupante: sentencias judiciales que, de manera sistemática y deliberada, ignoran los argumentos y solicitudes presentadas por la defensa. Los jueces, en un acto que roza la arbitrariedad, silencian alegatos cruciales, se desvían por la tangente y, en última instancia, niegan derechos fundamentales tan claros como el agua.

Esta práctica no es solo una afrenta a la justicia, sino que constituye una violación flagrante del debido proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Cómo es posible que un juez dicte un fallo sin siquiera mencionar, y mucho menos considerar, los puntos focales de la defensa? Es como si los argumentos presentados simplemente no existieran, ocultados en la oscuridad de una decisión que se pronuncia sobre aspectos ajenos a lo solicitado, con el único fin de enrevesar la situación y eludir la garantía de derechos esenciales.

Esta conducta no solo socava la credibilidad del Poder Judicial, sino que sumerge a los ciudadanos en un abismo de indefensión, vulnerando los fundamentos de nuestra Constitución y el Estado de Derecho. Lo que debería ser un proceso imparcial y equitativo se convierte en un ejercicio de arbitrariedad, donde la defensa se ve privada de la oportunidad de ser escuchada y sus argumentos son sepultados bajo un manto de silencio judicial.

Lo más alarmante es que esta problemática ha sido reconocida incluso por la máxima instancia judicial del país. Destaco la Sentencia N° 594 de fecha 5 de noviembre de 2021 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En esta trascendental decisión, la Sala Constitucional aborda de manera contundente la gravedad del desconocimiento de sus propias decisiones por parte de los jueces que integran el Poder Judicial. La sentencia es clara y rotunda: «El desconocimiento de las decisiones de la Sala Constitucional es particularmente grave cuando se origina en los mismos jueces que integran el Poder Judicial, dado que con su actuación subvierten el orden constitucional y generan un estado de desorganización social». Y continúa: «Cuando esta Sala Constitucional, en ejercicio de sus competencias, establece que un juez incurrió en un error judicial inexcusable al desconocer las decisiones de este órgano jurisdiccional, tal circunstancia es de tal gravedad que no solo afecta a las partes en el proceso, sino a todo el sistema de justicia, principios de seguridad jurídica y el derecho a una tutela judicial efectiva, y se erige como una incitación al desconocimiento de la autoridad y de las instituciones legalmente establecidas…»

La Sala Constitucional llega a una conclusión ineludible: la permanencia en el cargo de jueces que actúan con tal desconocimiento del derecho y manifiesta negligencia «ponen en peligro la transparencia, credibilidad, imparcialidad y la dignidad del cargo, afectando la majestad de todos los Tribunales de la República». Por ello, la sentencia N° 594 de 2021 ordena, en tales circunstancias, la inmediata separación del cargo con goce de sueldo de esos jueces hasta que los organismos competentes, como la Comisión Judicial o la Inspectoría General de Tribunales, ejerzan sus facultades respecto del error judicial inexcusable decretado.

Reforzando aún más esta preocupación, el Poder Judicial, a través de su Sala Constitucional, ha reiterado la vital importancia del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad en un proceso penal. Así lo evidencia la Sentencia N° 171 de fecha 19 de febrero de 2025, con ponencia de la Dra. Tania D’Amelio. En esta decisión, se subraya con claridad meridiana que la falta de un requisito de procedibilidad, como los contenidos en el artículo 28, numeral 4, literal e, del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), conlleva inexorablemente a la nulidad del juicio.

Esta sentencia es crucial porque resalta un principio fundamental: si la base procesal no está correctamente establecida, todo el andamiaje del juicio se desmorona. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la defensa alega precisamente la falta de uno de........

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