«Mas al que escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se sumergiese en lo profundo del mar».

«El abuso infantil no sobrevive gracias a la perversión de unos pocos, sino gracias al silencio y a la ceguera voluntaria de una sociedad que prefiere proteger la comodidad de los adultos antes que la integridad de sus niños».— Alice Miller, del libro El drama del niño dotado (1979).

La evolución histórica de las leyes de protección infantil responde a una cruda realidad: el ordenamiento jurídico actual no nació de la abstracción teórica, sino de la urgente necesidad de frenar siglos de abusos sistemáticos e impunidad institucionalizada contra los más vulnerables. Tradicionalmente, la infancia carecía de un estatus jurídico propio, considerándose a los menores como meras propiedades de sus tutores o piezas utilitarias para el engranaje económico y el entretenimiento de las élites. Esta desprotección absoluta permitió la proliferación de redes de explotación en la sombra, donde el dolor de los niños era silenciado por estructuras de poder que asfixiaban cualquier intento de denuncia. Las normativas rigurosas contemporáneas son el resultado directo de un despertar social que comprendió que la soberanía familiar o el control empresarial no podían estar por encima de la dignidad humana. Cada restricción legal y cada protocolo penal representan un dique de contención erigido sobre las amargas lecciones de un pasado oscuro, donde el silencio de las víctimas era la norma y la complicidad el mecanismo de control común.

El desmantelamiento de los círculos de impunidad en las altas esferas del poder político, militar y empresarial........

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