Desde la atalaya rigurosa del Derecho, en procesos en los que se administra Justicia y no se filtran las venganzas, la sentencia proferida por la jueza colombiana Sandra Heredia, condenando al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y luego celebrada por Iván Cepeda – facilitador de la paz con la narcoguerrilla de las FARC y el ELN, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, y quien atribuye al paramilitarismo el asesinato de su padre en 1994, un senador y militante comunista, Manuel Cepeda Vargas – representa, qué duda cabe, otro episodio más de la larga guerra que aún sufre Colombia.

¿Sentencia de primera instancia penal tras una causa cuya armadura política se levanta desde septiembre de 2012 y ha de esperar como “debido proceso” durante casi tres lustros?

La jueza, previamente, aclara y se excusa, como para asegurar su independencia: “La justicia no se arrodilla ante el poder”, dice como apertura de su sentencia. “No es un juicio contra la historia política de Colombia. No es una revancha. No es una conspiración”, ajusta.

Tras la violencia incubada a lo largo de una década, a partir de 1948, surgen durante los años ’60 del pasado siglo los movimientos guerrilleros de las FARC y el ELN, el primero filo soviético y el segundo tributario de La Habana. Y en los años ’80. en medio de la vorágine provocada por estos y la incapacidad del Estado para cuidar la vida de la población colombiana – cuando a su término es asesinado el candidato presidencial liberal Luis Carlos Galán y avanza sobre el control del poder el carismático Pablo Escobar, cabeza del narcotráfico y del Cartel de Medellín – emerge el fenómeno del paramilitarismo: El ojo por ojo, diente por diente, entre grupos que aún no conocen o han perdido la textura social. Casi medio siglo ha transcurrido.

Unos y otros, controlando extensas zonas de una geografía que, a la par, evidencia su clima favorable para los cultivos de la droga, mutan de guerrilleros a narcoguerrilleros y, de suyo, a ser practicantes habituales del terrorismo, en suma, ser narcoterroristas; todo lo cual potencia sus poderes destructivos, a los que suma la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad que no cesan y permanecen impunes. A partir de 1995, Human Rights Watch apunta sus investigaciones para criminalizar al Ejército colombiano, por su alianza o vínculos con el paramilitarismo; quedando fuera la actuación dominante de la narcoguerrilla en la violencia sobre partes de Colombia.

La lucha entre ambas vertientes de la tragedia neogranadina – la que originó la violencia y la que se hizo de la violencia para protegerse como víctima – obliga entonces a la reacción institucional del Estado colombiano. Se diseña e inicia, bajo el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y contándose con el firme apoyo norteamericano, una política de seguridad democrática – el Plan Colombia – que,........

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