HAN PASADO DOS meses desde que Christopher Landau, en comparecencia en el Senado estadounidense, se comprometió a resolver el conflicto que existe desde hace tres años entre Vulcan Materials y el gobierno de México por la operación de Calica en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Landau amagó diciendo que si a México le interesaba continuar con el tratado comercial, el conflicto con la empresa que preside Tom Hill tenía que darse por terminado favorablemente para la estadounidense.

A lo largo de estas semanas, el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado dudoso de cómo desactivar la bomba heredada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un extremo están los duros, con Alicia Bárcena al frente, la secretaria del Medio Ambiente, que vía la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que encabeza Mariana Boy, busca revivir las demandas por daño medioambiental, aunque para eso sea necesario fabricar nuevas pruebas en contra de Vulcan, lo que sería escandaloso.

En el otro extremo están el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que ha sumado el apoyo de Altagracia Gómez, la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, que insisten en una salida negociada.

Es lo más sensato, tanto para concluir el arbitraje internacional en el que los privados demandaron al Estado mexicano por más de mil 500 millones de dólares, como también para dar certeza a inversiones comerciales de Estados Unidos en nuestro país.

Las huestes de Ebrard están convencidas de que tanto el cierre de operaciones, ejecutado por la Secretaría de la Defensa, entonces al mando de Luis Cresencio Sandoval, en mayo de 2022, como la declaratoria de área natural protegida de López Obrador, que derivó en la cuasi expropiación en septiembre de........

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