Si llevamos a cabo la lectura de la propuesta de reforma electoral (Plan A, se podría llamar ahora) de la presidenta Claudia Sheinbaum, se encuentran aspectos innegables e interesantes que vale la pena retomar. En esa propuesta, no se aborda la revocación de mandato, por cierto.

Generalmente, después de un proceso electoral, hay las consecuentes reformas, siendo esta rama del Derecho una de las más dinámicas. También, cada gobierno enfatiza instituciones y disposiciones conforme a su ideología. Desde 2018, la democracia se vincula más a la justicia social y a la austeridad republicana.

En la exposición de motivos de la iniciativa del 2 de marzo del año en curso, se afirma, con razón, que una democracia onerosa es un agravio en un país con rezago social, así como que la democracia se debilita cuando se percibe distante, costosa o capturada por intereses particulares, económicos o políticos. 

Un diagnóstico real, reconoce en nuestro país una débil participación ciudadana en los asuntos públicos; la existencia de nepotismo electoral; alto costo del sistema; burocracias electorales obesas; duplicidad de funciones; clientelismo político; corrupción y débil representación política.

La iniciativa propone varios aspectos importantes, incluyendo la prohibición y consecuente fiscalización de recursos provenientes de actividades ilícitas y la obligación de etiquetar contenidos modificados con Inteligencia Artificial.

Sin embargo, quiero enfocarme en esta ocasión en dos de sus objetivos:

a)  Disminuir los recursos destinados a partidos políticos, lo cual se pretendía mediante la reducción del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y del número de senadores (de 128 a 96).

b)  Rescatar las diputaciones plurinominales de la designación cupular o de acuerdos internos partidistas, fortaleciendo su legitimidad pública.

Las Cámaras de Diputados y de Senadores han aprobado la reducción de sueldos de las y los servidores públicos. Por unanimidad, aprobaron la reducción de las llamadas pensiones doradas. El Plan B, que no se parece prácticamente en nada al “A”, salvo en un tema, propone la limitación de remuneraciones de consejeros electorales, magistrados electorales, secretarios de órganos administrativos, titulares de áreas del INE, de los órganos electorales estatales, de los tribunales electorales locales, así como la prohibición de seguros, pensiones, cajas de ahorros, etc., con recursos públicos, denominado todo esto como reducción de privilegios, aspectos que seguramente volverán a ser apoyados no sólo por las y los legisladores, seguramente de todos los partidos, sino incluso por la ciudadanía.

Lamentablemente, cuando la austeridad republicana implicó reducir los privilegios de los partidos políticos, la iniciativa de la Presidenta no pasó. Ojalá se pueda retomar para que la reducción de privilegios sea pareja. 

POR LUZ MARÍA ZARZA DELGADO

© El Heraldo de México