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Esta semana hubo una gran noticia: la aprobación en el Congreso de un proyecto que reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 a fin de fortalecer el financiamiento de las universidades públicas y de otras instituciones de educación superior. Esta reforma es buena al menos por tres razones.

Primero: por su contenido. Hasta hoy, los recursos que el Estado transfiere a las universidades públicas crecen al ritmo de la inflación, pues están atados al índice de precios al consumidor (IPC). En su momento, esa fórmula de la Ley 30 fue un avance: dio estabilidad a los ingresos de las universidades públicas, que antes dependían del lobby que estas hicieran cada año ante el Congreso o el gobierno. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que ese mecanismo es insuficiente ya que los costos de la educación superior suelen crecer más rápido que el costo de vida en general. Esto implicó entonces un progresivo debilitamiento financiero de las universidades públicas, que algunos estudios, como el del

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