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En mis clases y en innumerables escenarios académicos he sostenido desde hace varios años reparos al otorgamiento de facultades excesivas a entes de la rama ejecutiva para el ejercicio de sus funciones, en mala hora para el Estado de Derecho, como las concedidas a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Ese poder exagerado de despojar de celulares a las personas, obligarlas a entregar sus computadores, menoscabar su intimidad y someterlos prácticamente a tratos inhumanos, todo para contribuir a las investigaciones administrativas, amenaza la democracia. Quienes insisten en defender semejante adefesio alegan que, gracias a esas prerrogativas atropellantes, se han logrado imponer cuantiosas multas en favor del erario y en contra de empresas comprometidas en operaciones de acuerdos para manipular precios. Ese argumento, ética y estéticamente, es deleznable, aunque parezca atractivo.

Por supuesto, jamás estará bien que poderosos empresarios se concierten para manipular precios y por eso, cuando cruzan esa línea indecente, merecen ser sancionados, pero nunca el remedio........

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