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La creación de una zona binacional con Venezuela, suscrita sin consultarle al Congreso ni a nadie, es un nuevo capítulo del manual de excesos ejecutado por el Gobierno. A meses de elecciones, esta iniciativa —presentada como un acuerdo de integración económica— deja serias dudas sobre su legalidad y su verdadero uso como herramienta de control territorial y político. La articulación militar propuesta con el régimen de Maduro, la falta de socialización con comunidades fronterizas y la ausencia de garantías institucionales refuerzan la percepción de que el Ejecutivo opera al margen del escrutinio democrático. Es imperativo que la Corte Constitucional revise con urgencia cualquier decisión o medida anómala o excepcional, y que el Congreso ejerza un control político efectivo, antes de que esa zona binacional se convierta en un enclave de poder paralelo que comprometa nuestra soberanía, nuestra democracia y las próximas elecciones.

La deriva autoritaria ya no se expresa “solamente” mediante declaraciones y actos que contravienen el normal desempeño de las instituciones. El magnicidio de Miguel Uribe pretende intimidar a todos los........

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