Como escribía hace una semana en estas páginas, el triunfalismo del Gobierno en el plano social y microeconómico choca de manera frontal con la realidad, pero también lo hace en el ámbito de la macro. Bajo la superficie de unas cifras de crecimiento del PIB exhibidas por la propaganda oficial como la prueba de que España es el "motor de Europa", la economía nacional está inmersa en un proceso de decadencia relativa que, de mantenerse, la alejará cada vez más de los estándares de prosperidad disfrutados por sus socios comunitarios. La actual fase expansiva no es solo de baja calidad, sino un espejismo asentado sobre tres pilares gaseosos y sobre una posición de las finanzas públicas insostenible a medio plazo.

El primer pilar de este espejismo es el gasto público. Desde el cuarto trimestre de 2019, su incremento ha triplicado la tasa de crecimiento de la economía real. De hecho, el consumo público y las transferencias estatales explican, de forma directa e inducida, cerca de una tercera parte del avance de la actividad en este periodo. Estamos ante una "economía dopada " donde el Estado ha decidido sustituir a la iniciativa privada como motor de tracción. Por añadidura, ese gasto ha sido eminentemente corriente e improductivo; no ha contribuido a elevar la capacidad potencial de la economía, sino a transferir rentas y a canibalizar los recursos de un sector privado asfixiado por la presión fiscal. Por eso, la formación bruta de capital fijo se sitúa todavía un 2% por debajo de los niveles precrisis, mientras en la Eurozona ya se encuentra un 4% por encima. El modelo de Estado diseñado por este Ejecutivo no crea las condiciones para generar riqueza o atraer capital, sino que se ha especializado en la extracción sistemática de recursos de las empresas y las familias.

El segundo pilar de esta arquitectura fallida es la fuerte expansión demográfica vía flujos migratorios que se traduce en un crecimiento meramente extensivo: el PIB sube por pura acumulación de factores, pero la productividad por hora trabajada se estanca cuando no cae. El aumento de la fuerza laboral extranjera ha aportado aproximadamente otro tercio al crecimiento del PIB en la postpandemia. Sin embargo, este modelo de crecimiento tiene una consecuencia: el PIB per cápita español en paridad de poder de compra está hoy unos 15 puntos por debajo de la media de la Eurozona; en 2019, esa brecha era de apenas 9 puntos. España no está convergiendo con Europa; está protagonizando una divergencia histórica mientras el Ejecutivo celebra cifras agregadas que no se traducen en una mejora real del nivel de vida de los españoles.

El tercer pilar reside en la extrema dependencia del saldo turístico. La contribución neta de este sector al crecimiento del PIB en el ciclo actual se estima en torno al 25%. Si bien la industria turística española exhibe una competitividad internacional incuestionable, es una temeridad fiar la resiliencia de la cuarta economía del euro a un solo sector tan sensible a variables externas. Por añadidura, es improbable que este saldo mantenga sus tasas de crecimiento actuales a medio plazo debido a la ley de rendimientos decrecientes por saturación de la oferta en los destinos principales y al agotamiento de las ganancias de competitividad-precio frente a los mercados emergentes del Mediterráneo. Además, la sensibilidad de los flujos turísticos a la renta disponible de las economías del norte de Europa y a la normalización de los costes energéticos introduce una volatilidad estructural que no debe ser ignorada.

Esta vulnerabilidad sistémica se ve agravada por la pérdida de peso de las exportaciones de alto valor añadido. Se corre el riesgo de consolidar una especialización exportadora en servicios de baja cualificación. Sin una industria sólida, tecnológicamente avanzada, España se condena a ser un actor periférico en las cadenas globales de valor, incapaz de generar los incrementos de productividad que exigen las economías desarrolladas del siglo XXI. La desindustrialización no es solo un problema económico; es una sentencia de muerte para la creación de empleos de alta remuneración.

El cuadro de las finanzas públicas es alarmante. El Gobierno presume de haber reducido el déficit en 2025 al 2,2% del PIB, pero omite que ello obedece sólo a factores cíclicos y a una recaudación inflada por el "impuesto silencioso" de la inflación. Sin embargo, el déficit estructural se ha cronificado alrededor del 4% del PIB. Por eso, la Airef ha señalado que España no podrá cumplir las reglas fiscales de la Zona Euro si se mantienen las actuales políticas. Para acabar, la deuda bruta ya supera los 1,62 billones de euros, se mantiene por encima del 105% del PIB y su servicio devora más de 35.000 millones de euros anuales. Esto es un impuesto diferido y las generaciones futuras habrán de pagarle con más impuestos o menores servicios.

El "milagro económico español" es un puro ejercicio de propaganda y de ingeniería social destinada a mantener una base social cautiva mediante la transferencia discrecional de rentas. La economía española no necesita más gasto público, más impuestos y más intervencionismo regulatorio. Precisa con urgencia es un shock de libertad económica, de disciplina fiscal y un retorno a la racionalidad. Continuar por la senda actual no es hacer política económica; es gestionar un declive irreversible a costa del futuro del país.

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El déficit del déficit

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