La propuesta de Sistema de Financiación Autonómica (SFA) que el Gobierno iba a llevar hoy al Consejo de Política Fiscal y Financiera -y que ha aplazado a septiembre- es intolerable. El Ejecutivo presenta el documento como una reforma beneficiosa para todas las comunidades. La fórmula elegida resulta aparentemente atractiva: aumentar el porcentaje de cesión de los grandes impuestos y complementar ese incremento con una mayor aportación de la Administración General del Estado. Es una manera de intentar neutralizar resistencias. Si todas las comunidades reciben inicialmente más recursos, resulta más difícil oponerse al conjunto de la reforma, aunque lo racional es hacerlo, porque conviene no confundir el envoltorio con el contenido. La cuestión relevante no es quién recibe más dinero el primer día, sino cuál es el diseño institucional que se está construyendo y hacia dónde conduce.

La propuesta puede interpretarse como un modelo concebido para acomodar las demandas formuladas desde Cataluña, procurando que el resto de comunidades acepten ese cambio mediante un incremento transitorio de recursos financiado por el conjunto de los españoles. No se modifica únicamente la distribución de ingresos; se altera la lógica del sistema para hacer compatible, al menos durante una fase inicial, un trato de favor a Cataluña con una aparente ausencia de perjudicados.

Ningún sistema puede repartir indefinidamente más recursos de los que es capaz de generar. Cuando el Gobierno anuncia mayores porcentajes de cesión........

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