El pasado 2 de febrero, día de la Marmota, el roedor Phil predijo seis semanas más de invierno. La predicción está resultando bastante más certera que la del Instituto Nacional de Meteorología (INM) que asignaba más probabilidad a un invierno "seco" y "cálido". Esto nos indica que, al menos a medio y a largo plazo todas las previsiones son menos certeras de lo que nos gustaría. Al menos, se puede decir que el Instituto Nacional de Meteorología pretende acertar, cuestión que en otras instituciones oficiales no está tan clara.

Por ejemplo, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), atrapado, desde que Tezanos lo preside, en su día de la marmota, siempre predice que Pedro Sánchez es el candidato preferido por los españoles para ser presidente del Gobierno. Esto es incontrastable hasta que Sánchez convoque elecciones, pero lo que es un hecho es que desde 2018 el CIS ha sobreestimado a la izquierda en 43 de las 44 de las previsiones sobre elecciones celebradas. Simplificando, creer en la fiabilidad del CIS es creer que, si lanzo una moneda al aire y sale cara 43 de 44 veces, es casualidad, y la moneda no está trucada. Se puede tener fe en instituciones como el CIS, pero es eso, fe, en estado puro, el sentido común y la probabilidad bayesiana indican exactamente lo contrario: la moneda, muy probablemente, está trucada.

En lo que se refiere al salario mínimo interprofesional (SMI), y a los impuestos que pagan los que lo perciben, también estamos viviendo, desde hace bastantes años, atrapados en el día de la Marmota. Por una parte, el Gobierno aprueba un aumento pactado con los sindicatos, que está por encima de la inflación. Los empresarios, que son los que tienen que pagar la subida se oponen. Por supuesto, la traducción a ayudas sociales del SMI, que es el IPREM (indicador público de rentas de efectos múltiples), permanece congelado: esto quiere decir que cada vez es menor, ahora está en 8.400 euros frente a 17.094 euros del SMI para 2026. La segunda parte es que los perceptores del SMI, por un sistema o por otro, tampoco pagan el IRPF, con lo que sólo cotizan a la Seguridad Social, y casi todo el sueldo les llega neto.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmaba que "ha sido una iniciativa de este Gobierno, como siempre, bajar la contribución a las personas de bajo salario y pedir un mayor esfuerzo a aquellos que tributan en la escala alta". Esto tiene dos matices: en primer lugar, si se entiende por "bajos salarios" los perceptores del SMI, estos trabajadores seguirán sin pagar IRPF, no es que bajen su contribución, sino que siguen a cero. En segundo lugar, sí el gobierno pide más esfuerzo a los que tributan "en la escala alta", que son… casi todos los demás españoles, y no sólo los propietarios de "Lamborghinis" a los que se refería Pedro Sánchez.

Veamos esto con cifras. Un perceptor del SMI en 2018 cobraba 735 euros brutos en catorce pagas, con lo que, tras pagar la Seguridad Social, le quedaban 685 euros al mes, porque no pagaba IRPF. En 2026 cobrará 1.141,63 euros líquidos, con un aumento acumulado del 66%, muy por encima del aumento acumulado de la inflación que fue del 24% aproximadamente. Por simplificar, he incluido en los números la deducción por IRPF, que se cobraría cuando se presente la declaración.

Sin embargo, un trabajador que cobrase 20.000 euros al año en 2018, y que haya conseguido que su salario bruto se haya incrementado con la inflación, habrá perdido mucho poder adquisitivo, precisamente por el IRPF. Estos 20.000 euros implicaban una tributación en 2018, para una persona soltera y sin hijos a cargo, del 8,86%. Por eso, el sueldo líquido en 2018 de este trabajador, en catorce pagas, quedaba en 1.209 euros. Si en 2026, nuestro contribuyente pasa a ganar 24.800, el tipo del IRPF pasa del 8,86% al 13.98%. Por eso, tras pagar la cotización de Seguridad Social y el IRPF, el trabajador pasaría a cobrar neto 1.408 euros. Este aumento acumulado de 199 euros es un 16,5% de aumento en ocho años, muy por debajo de la inflación. El esfuerzo que se le ha exigido al contribuyente es un aumento de más de cinco puntos, lo que supone un incremento del 57,78% de la carga fiscal. Es poco discutible que es un esfuerzo considerable, aunque que un trabajador que gane 1.400 euros esté en "la escala alta" es más que discutible, pese al empobrecimiento que han sufrido muchos españoles en estos años.

En el día de la Marmota, los españoles cada vez pagamos más IRPF, y, sobre todo destinamos más porcentaje de nuestra renta a pagar el IRPF. El tipo efectivo medio del IRPF estaba en el 12,7% en 2018, y después de ir subiendo todos los años, estaba en 2024 en el 14,6%, el tipo más elevado de la historia, hasta que salgan los datos de 2025, en los que volveremos a batir el récord. Como el IRPF no se actualiza a la inflación, casi todos los contribuyentes sufren la "progresividad en frío", es decir la subida del tipo efectivo, de lo que realmente pagan por el IRPF, aunque su renta real no haya aumentado, o incluso haya disminuido. El efecto, como hemos visto en el ejemplo del contribuyente que ganaba 1.200 euros en 2018 es brutal. Según mis cálculos, este efecto acumulado, y en el que está descontado el hecho de que los perceptores del SMI y otras rentas bajas no paguen o paguen menos, vino a ser de 13.766 millones de euros anuales de recaudación en 2024, números que volveremos a superar en 2025 y 2026. Dada la situación de muchos servicios públicos, el lector se preguntará a dónde va todo este dinero. Yo también me lo pregunto. Pero, ésa es otra historia que prometo contar otro día.

Cada vez más ciudadanos viven de alquiler. Además, desde hace unos cuantos años, cada vez que el INE publica los datos del padrón de población, somos más residentes en España. Frente al aumento de la demanda de vivienda, especialmente en alquiler, casi cualquier medida política que se tome tiene, prácticamente siempre, dos efectos: el aumento de la inseguridad jurídica, y la reducción de la oferta de vivienda. En consecuencia, el precio de la vivienda, y el de los alquileres, no hace más que subir. Esto no se resolvería aumentando los salarios, sino aumentando la oferta de vivienda. Además de que es imprescindible construir más, si no hay seguridad jurídica, muchas viviendas no se ofrecerán en alquiler. Y, efectivamente, los arrendadores de vivienda permanente tienen ventajas fiscales, pero si se eliminan, y no les dejan subir precios, se pasarán al alquiler turístico o a alquiler de temporada. Casi cualquier medida en este terreno de la vivienda en los últimos años acaba restringiendo la oferta de vivienda permanente, que es la forma perfecta de agravar uno de los principales problemas de la economía española, que está impidiendo, además, muchísimos proyectos vitales, especialmente de los más jóvenes.

En muchas cuestiones, confianza en las instituciones, salarios, impuestos, vivienda, parece que vivimos en el día de la Marmota. Eso no es progresar, precisamente. Y para salir de los agujeros, y algunos de estos temas, tristemente lo son, lo primero es dejar de cavar. Veremos como también este invierno se termina.

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