Cuando se ha anunciado la adjudicación de la concesión que por los próximos 25 años manejará el alumbrado público de Pereira, podría decirse, adaptando la sentencia bíblica: “todo está consumado”, pero, en realidad el daño se produjo desde cuando el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar y los concejales de la ciudad, un día festivo, en la noche, en una sesión casi furtiva, impusieron a los pereiranos la concesión de su sistema de alumbrado público.

Un negocio innecesario, por decir lo mínimo, dado que los recursos para la modernización del alumbrado de la Ciudad están asegurados desde el impuesto de alumbrado público, de inversión forzosa en el servicio y, con ese respaldo, cualquier banco, o FINDETER, podrían haber financiado la operación y el Municipio conservaría el manejo del alumbrado, ahorrándose lo que ahora obtendrá el concesionario. Así lo han modernizado las grandes ciudades del país.

Desde la Corporación VIGÍA Cívica dijimos entonces: «La actitud genuflexa de los cabildantes fue, además, irresponsable al otorgar, sin análisis y sin escuchar a la comunidad, una autorización en blanco para que el alcalde comprometa, en una concesión, una suma que podría superar $600.000 millones de pesos en los próximos 20 años, del Impuesto de Alumbrado Público (…)»

Aunque desde la Corporación VIGÍA Cívica advertimos a cada uno de los concejales que en el estudio de GENSA, de 2024, se relacionaban otras siete........

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