Dosquebradas es, una vez más, el centro de noticias que nada tienen que ver con progreso ni con cultura. Las Fiestas del Progreso, con las que se celebró el aniversario 50 del municipio, se han convertido en un caso emblemático de cómo la contratación pública puede desviarse hasta convertirse en un mecanismo para beneficiar intereses particulares.

La captura de funcionarios, exfuncionarios, un concejal, de otro municipio, en ejercicio y representantes de fundaciones contratistas, evidencia algo más profundo que simples errores administrativos. Los hallazgos de sobrecostos sin explicación, pagos sin soporte, cobros duplicados y certificaciones de cumplimiento emitidas sin prueba real de ejecución no dejan espacio para la ingenuidad: lo que de allí aflora es una estructura diseñada para favorecer a un grupo cerrado, usando como pretexto una celebración municipal.

La Fiscalía ha sido clara en su hipótesis: los convenios no sólo habrían incumplido los requisitos legales básicos, sino que podrían haber sido direccionados desde su origen para beneficiar a una fundación previamente escogida que, aprovechando su régimen de contratación especial, por fuera de la Ley 80, actuó como intermediaria para canalizar recursos públicos hacia intereses particulares. La imputación de delitos como peculado por apropiación, interés indebido y falsedad ideológica en documento público refuerza la gravedad del asunto.

Es elevado el monto de los recursos investigados, más de $760 millones, y el patrón que dibujan las actuaciones........

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