En medio de la polarización, hay un poder del Estado que sigue dando muestras de que la democracia colombiana no está huérfana de contrapesos: la Corte Constitucional. No solo desarmaron varios intentos del gobierno de Gustavo Petro por expandir su poder más allá de lo permitido por la Constitución, sino que también reivindicaron su papel como garante de los derechos ciudadanos. Coincidir en algunas sentencias no la hace ni cómplice ni sirviente del ejecutivo. Argumentar que los magistrados están expuestos a ser cooptados con dadivas o favores estatales es francamente absurdo. Los fallos muestran que la Corte Constitucional no se va a prestar para acabar la constitución.

El ejemplo más contundente fue el freno al Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo, decretado por el Ejecutivo en enero. La Corte, señaló que no toda crisis social, por grave que sea, justifica la suspensión de las reglas democráticas. Reconoció la gravedad humanitaria de la región, pero negó que se cumplieran los requisitos exigidos. En un país donde la tentación autoritaria se disfraza de “emergencia”, esta decisión fue un acto de responsabilidad histórica. Nos blinda frente a la tesis que a través de un simple decreto de conmoción interior se pueden aplazar elecciones.

Varios decretos legislativos de emergencia se cayeron por vicios de forma como la falta de firma de todos los ministros, lo cual revela la falta de voluntad política de enmendar las equivocaciones del gobierno. La Corte, lejos de dejarse arrastrar por las narrativas de urgencia, demostró que incluso en la excepcionalidad rige la Constitución. Tampoco pasó inadvertida la sentencia que tumbó la expropiación administrativa incluida en el Decreto 108 de 2025. El........

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