En medio de la polarización, hay un poder que demuestra que el país no está huérfano de contrapesos: la Corte Constitucional. No solo desmonto varios intentos del gobierno por expandir su poder, sino que también reafirmo su papel como garante de derechos ciudadanos. El hecho que algunas sentencias coincidan con el ejecutivo no la convierte ni en su cómplice ni en su servidora. Argumentar que los magistrados están expuestos a ser cooptados con dádivas o favores estatales es irresponsable. La Corte Constitucional con hechos ratifica que no está dispuesta a prestarse para un rompimiento institucional.

En el rechazo al Estado de Conmoción Interior decretado en el Catatumbo el pasado enero, la Corte reconoció la gravedad de la crisis humanitaria en la región, pero dejó claro que no toda emergencia social, por seria que sea, justifica la suspensión de las reglas democráticas. En un país en donde la tentación autoritaria suele disfrazarse de “emergencia”, esta decisión constituyó un acto de responsabilidad institucional. Nos blinda frente a la tesis que a través de un decreto de conmoción interior se pueden aplazar elecciones.

El mensaje se repite en otras decisiones: varios decretos legislativos expedidos bajo la figura de emergencia se cayeron por vicios de forma, como la omisión de la firma de todos los ministros, lo cual evidencia falta de voluntad política de la Corte para enmendar las equivocaciones del gobierno. La Corte tumbó la expropiación administrativa incluida en el Decreto 108 de 2025 donde el Ejecutivo intentó, aprovechando la coyuntura, introducir por vía excepcional un cambio estructural en materia de propiedad........

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