Jaime Cortés Díaz

Este año se promulgó la Ley 2477 (Reforma a la Justicia), la cual modificó capítulos entre los que se encuentran: la reparación integral como extinción de la acción penal mediante indemnización en ciertos delitos; la ampliación del principio de oportunidad por colaboración eficaz; rebaja de penas mediante preacuerdos (incluyendo delitos graves, hasta en un 50 %); flexibilización en la práctica de pruebas anticipadas, en la protección de testigos amenazados; ajuste de los tiempos de privación de la libertad y garantía del derecho a un juicio sin dilaciones; modificación de la libertad condicional y exclusión de beneficios para delitos como extorsión, terrorismo y su financiación, salvo que haya colaboración eficaz. Estas reformas a los Códigos Penal y al de Procedimiento han sido consideradas por algunos como ambiciosos en “seguridad jurídica y eficiencia institucional”. Sin embargo, otros sectores han manifestado su preocupación, no solo por la reducción de penas, sino porque el problema es estructural y no coyuntural, lo que seguirá afectando a la población, generando sensación de indefensión, desconfianza y temor. Los promotores justificaron las nuevas normas argumentando la alta impunidad en casos en los que los delincuentes son capturados y luego liberados casi de inmediato. Es un fenómeno preocupante, con raíces estructurales de carácter jurídico, institucional y político. En efecto, las sobrecargas en los sistemas judicial y penitenciario son críticas: muchos jueces y fiscales enfrentan volúmenes excesivos, lo que dificulta actuar con la celeridad y rigurosidad necesarias, sumado a investigaciones deficientes por parte de la policía o la fiscalía, hacen que los procesos se caigan o no prosperen.

El sistema penal acusatorio colombiano está basado en principios garantistas, lo cual es positivo en una democracia. No obstante, en la práctica, estos principios son frecuentemente objeto de abuso (como la libertad por vencimiento de términos o la ausencia de........

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