La propuesta de consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro surgió como respuesta directa al hundimiento de la reforma laboral en el Congreso, luego de que el 18 de marzo de 2025 la Comisión Séptima del Senado aprobara una ponencia negativa que archivó la iniciativa sin permitir un debate de fondo. La decisión, respaldada por mayorías de partidos como el Centro Democrático, el Partido Conservador y sectores del Partido Liberal, impidió discutir un proyecto que buscaba ampliar los derechos laborales. Ante la negativa reiterada de abrir espacio deliberativo, y apelando al marco jurídico de la Ley 1757 de 2015, el presidente decidió convocar una consulta popular para que fuera la ciudadanía quien se pronunciara sobre temas fundamentales del régimen laboral. Esta decisión, lejos de ser sólo un acto de confrontación política, plantea una pregunta crítica: ¿qué responsabilidad tiene los partidios de oposición que bloquearon el debate, cuando ahora acusa al Gobierno de romper el equilibrio institucional?

La convocatoria a la consulta popular por parte del presidente ha reabierto un debate profundo sobre los derechos laborales en Colombia. El decreto firmado el 11 de junio de 2025 propone que la ciudadanía se pronuncie sobre doce preguntas que abarcan temas como la jornada laboral, la formalización del trabajo informal, la eliminación de la tercerización y la protección de trabajadores rurales y de plataformas digitales. La iniciativa ha sido presentada como un mecanismo para “rescatar los derechos de la clase trabajadora”, pero también ha generado una intensa controversia jurídica y........

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