La certeza de que Mica murió envenenada

Pérez Cuéllar cruza fronteras… y expectativas

La fuerza morenista de la revocación en Juárez

Pegado el CEN del PAN a Juárez

Aunque ha logrado mantener su enfoque en la intentona de reformota electoral y, después, del minimizado plan B, Juan Carlos Loera no ha cesado sus pesquisas en busca del autor y/o autores del asesinato de su querida gata Mica.

Sigue convencido el senador de Morena de que su gatita fue envenenada por alguno(a) de sus vecinos(as) que le tienen aversión a los animales, aun domésticos; en este caso particular, a los gatos.

Algo debió saber Loera de conductas al respecto entre sus vecinos del fraccionamiento Campos Elíseos. Tácitamente señaló nombre o nombres sobre el o los presuntos responsables, aunque no ha ido más allá porque le falta cuadrar algunos datos.

Le ha dolido la pérdida de su mascota, pero más le ha dolido la repetición de conductas aberrantes humanas, como las de maltratar y, peor aún, envenenar a indefensos animales con todo el dolo del mundo.

Loera ha dicho entre sus cercanos que no quitará el dedo del renglón, al tiempo que desarrolla su trabajo legislativo en la Cámara Alta del Congreso de la Unión y lucha por agenciarse la candidatura a la Presidencia Municipal de Juárez. No alcanzó la gubernatura en 2021 por la pésima compañía de la que se allegó, el exgobernador Corral, pero hoy está convencido de que la alcaldía sí puede caer en sus manos como fruta madura.

Ayer, en El Paso, no solo se habló de negocios; durante un encuentro organizado por la Central Business Association (CBA), el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, fue presentado ante el sector empresarial como una figura clave en la relación binacional.

Pero el momento que marcó la conversación fue cuando Tanny Bergg, director ejecutivo de la CBA, lo refirió como el próximo gobernador de Chihuahua, una afirmación que, más allá del protocolo, dejó ver el nivel de proyección política que hoy rodea al edil juarense.

Entre discursos sobre economía transfronteriza y cooperación regional, el mensaje fue claro: Juárez no solo está en la mesa, está marcando agenda. Y su alcalde, al parecer, también.

Ahí quedó la prueba en video presentado en información general de Diario.mx.

Muy movidito ha estado el Comité Ejecutivo Nacional del PAN en esta frontera. El secretario de Elecciones, Luis Olmedo, ha sostenido reuniones con varios liderazgos al interior del PAN y del Gobierno del Estado para reunir a los mejores perfiles para las tareas propias del 2027.

Hemos mencionado ya en esta columna algunos personajes que tienen tareas específicas encomendadas desde meritito Palacio de Gobierno y la dirigencia del PAN.

Hemos dicho que Amparo Beltrán anda encargada de los representantes de casilla (lenta, pero ahí va); Raúl García, quien trae el tema de alianzas (sigue a buen paso); y el delegado de la Coesvi, Oscar Lozoya, quien hasta hace unos días estuvo encargado de la operatividad en territorio.

Lozoya está consciente de que quien coordine el territorio debe estar 24/7 metido en las calles; por ningún motivo puede tener aspiraciones políticas en el próximo proceso electoral.

De ahí aprovechó sus contactos en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN para recibir otra tarea partidista de cara, precisamente, a la esperada contienda de 2027.

Consiguió el encargo de capacitar al “ejército electoral” que defenderá al PAN en las urnas.

Recordemos que, cuando fue secretario de Elecciones del Comité Directivo Municipal (2021), en la elección de la hoy gobernadora Maru Campos, fueron cubiertas al 100% las casillas en Ciudad Juárez.

Eso no había pasado ni ha pasado desde entonces. Significa que el reto no es menor y que lleva como dúo directo a la responsable de conseguir precisamente a los representantes de casilla: la jefa de Comunicación Social en Juárez, la exregidora Amparo Beltrán.

Nomás falta adecuar la química entre la dirigencia municipal azul y la representación de la gobernadora del estado, Maru Campos, en Juárez. Las discordias no agradan en Palacio y todavía hay tiempo de hacer cambios si no le bajan a la bilirrubina en ambas instancias.

En la eventualidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum vaya en las boletas electorales en 2027, para el proceso de revocación de mandato que le permitiría hacer campaña a su favor, según el plan B de reforma electoral, los morenistas de Chihuahua ya traen su análisis numérico listo de las implicaciones.

La revocación ya está normada y del análisis legislativo saldrá si puede someterse la jefa del Ejecutivo en 2027 o hasta 2028. Pero lo principal que plantea la propuesta es que pueda hablar del tema y no le impongan un bozal como el que el Instituto Nacional Electoral (INE) le puso a Andrés Manuel López Obrador en 2022, la primera edición de este mecanismo de participación defendido especialmente por Morena.

Así que, en cualquier supuesto, en cualquier año en que se realice, incluso si se empalma con las elecciones estatales y federales del año próximo, someterse a este escrutinio debería favorecerle al partido guinda a nivel estatal, por el nivel más alto de popularidad con el que se encuentra Sheinbaum.

De los 16.5 millones de votantes —apenas el 17 por ciento del padrón— que participaron en 2022, el 91.8 por ciento avaló la gestión de López Obrador, pero el ejercicio fue realizado en un año no electoral y con el silencio impuesto por el INE.

En Chihuahua, fueron 340 mil los votantes, de los que el 90.5 por ciento se manifestó a favor de que continuara el tabasqueño su administración. De este total, más de 170 mil fueron registrados en Ciudad Juárez, en sus cuatro distritos electorales federales, mientras que el resto fue en los otros cinco distritos de la entidad.

No es sorpresivo el dominio que tiene el morenismo y la 4T en la frontera, pero ahí quedó plenamente consolidado.

Así, una eventual votación para ratificar o revocar a Sheinbaum, en año electoral y con permiso de hablar del tema, supone, en la proyección morenista más conservadora, que se dupliquen las cifras de participación. Y con ello, desde luego, el impulso a las demás candidaturas que sean postuladas en la entidad, desde la gubernatura hasta las regidurías.

Si la guerra en Irán se prolonga, el impacto para México no vendrá por el lado del suministro directo, sino por el precio. El gas natural que México importa, principalmente desde Texas, se rige por un mercado internacional altamente sensible a tensiones geopolíticas.

Basta con que aumente el riesgo en rutas clave como el estrecho de Ormuz para que los precios se disparen, incluso sin ello, ya que los daños a refinerías ya lo han encarecido. Y ahí es donde empieza el problema: un gas más caro en Estados Unidos se traduce casi de inmediato en mayores costos para México.

En Ciudad Juárez, ese efecto es particularmente delicado. Más de la mitad de la electricidad del país se genera con gas natural, por lo que cualquier alza sostenida termina presionando las tarifas o las finanzas públicas vía subsidios.

Para una ciudad intensamente industrial, donde la maquila depende de energía constante y competitiva, el encarecimiento eléctrico puede convertirse en un freno silencioso: suben costos, se reduce margen y se enfría la actividad.

En un entorno ya debilitado por la desaceleración en Estados Unidos, prolongar el conflicto en Medio Oriente no solo encarece la energía, sino que añade presión a uno de los motores económicos más importantes de la frontera.

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