Durante la semana pasada tuvimos en el Senado un intenso debate relacionado con la iniciativa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para reformar el artículo 41 de la Constitución que en su sexto apartado precisa las causales que en nuestro sistema electoral pueden determinar la nulidad de los resultados obtenidos en los procesos electorales.

La reforma, finalmente aprobada por 85 votos a 42, propone agregar un inciso para introducir en nuestro régimen electoral la injerencia o intervención extranjera como una cuarta causal de nulidad, que se suma a las tres ya existentes que son el exceso de gastos de campaña, propaganda en radio y televisión violatoria de los términos establecidos y recepción o uso de recursos públicos o de procedencia ilícita.

Durante los debates me llamó poderosamente la atención la rudeza e hipocresía que, en todo momento, alimentaron las intervenciones y críticas que las bancadas de la oposición lanzaron contra la iniciativa, tratando de minimizar el riesgo que en este momento tienen México y las democracias de todo el mundo de enfrentar procesos electivos seriamente afectados por los intereses de otros países.

No tengo duda que los líderes del grupo parlamentario del PRI están seriamente afectadospor una dosis de cinismo o mala memoria.

En México las denuncias contra el intervencionismo electoral de agentes extranjeros tienen una larga historia.

En los procesos de los años ochenta y noventa que culminaron con su primera derrota, el PRI se dedicó sistemáticamente a denunciar a organismos de observación electoral como la Alianza Cívica, por financiarse con recursos de las fundaciones Ford y Rockefeller, alegando que eso representaba una clara injerencia extranjera en la competencia electoral de la época.

También debemos recordar que durante la campaña de 2012 la empresa brasileña Odebrecht repartió sobornos para obtener contratos públicos y que investigaciones posteriores señalaron, como beneficiario, a Emilio Lozoya, coordinador internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

En este caso se documentaron pagos superiores a 10 millones de dólares vinculados a Odebrecht, además de declaraciones judiciales que precisaron, cómoparte de esos........

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