JAIME CORTÉS DÍAZ

Stanisława Umińska, actriz de cine y teatro nacida en 1901 en Varsovia (Polonia) y fallecida en 1977, afrontó hace 100 años un conmovedor y connotado juicio en Francia por haber dado muerte a su amado novio. No lo hizo por causas pasionales, como podría imaginarse alguien desinformado y ansioso por conjeturas, sino por expresa y rogativa solicitud del propio afectado, el escritor Jan Zinowsky, con el propósito de evitarle sufrimientos y quebrantos afincados en dolores insoportables. En aquella ocasión, este hecho suscitó un profundo debate entre partidarios de la justicia y de la moral, en un intento por orientar la toma de decisiones en contextos tan dramáticos. Finalmente, el Tribunal de París absolvió a Stanisława.

La muerte asistida por compasión llevó en el año 2023 al senador Humberto de la Calle Lombana a presentar un proyecto, señalando que “es el momento de regular la eutanasia”. La realidad, es que se habían presentado, (incluyendo este), en distintas legislaturas 17 iniciativas similares, pero ninguna fue aprobada, en parte por el peso que aún ejerce la influencia religiosa sobre el tema.

La situación que rodea el dolor, el estado de inconsciencia, los elevados costos que demanda el cuidado y sostenimiento vegetativo —agravado en muchas ocasiones por la falta de medicamentos, el desasosiego familiar y la certeza de no recuperación de una salud plena—, especialmente cuando se pierde la autonomía, la capacidad cognitiva o la dignidad del ser humano, hace necesaria la adopción de una ley estatutaria. Esta permitiría materializar una norma que regule el acceso al derecho fundamental a una muerte digna, bajo la modalidad de muerte médicamente asistida, y disponga otras provisiones.

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