Dentro de la equivocada política de la “Paz Total”, que como bandera de este Gobierno nos ha regresado a la violenta época de las décadas de los 80 y 90, el pasado 21 de junio, habitantes de barrios marginados de Medellín fueron obligados por estructuras criminales, según denuncias, a asistir a la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra, sede de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, para celebrar la aprobación de la reforma laboral alcanzada por el gobierno Petro, y conjuntamente exponer los avances de la Paz Urbana. El acto promovido por la presidencia de la República, con buses pagados para el transporte, con refrigerio incluido, se constituyó en una verdadera afrenta a la institucionalidad colombiana y, de paso, un desafío mayúsculo de la Casa de Nariño al Alcalde de Medellín y al Gobernador de Antioquia. “La Paz Urbana” es un proyecto que lleva dos años, consistente en una mesa de trabajo entre el Estado y los cabecillas de estructuras criminales condenados por múltiples delitos, como la Oficina de Envigado, La Terraza, Los Pesebreros y otros, recluidos en la cárcel de Itagüí. Valga resaltar que a la fecha, en lo que va corrido del año, según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (SISC), se han registrado 144 homicidios en Medellín, la mayoría por disputas entre pandillas, lo que evidencia el fracaso del proyecto. En la tarima, Petro estuvo acompañado por los criminales urbanos que han azotado la ciudad en los últimos años; Dowglas, Lindolfo, Pesebre, El Tigre y otros más, que pagan condenas entre 20 y 36 años. Igualmente los acompañaba la senadora Isabel Cristina Zuleta de la Colombia Humana, y ministros........

© El Diario