Dos personas migrantes entran en una oficina de Correos de la capital grancanaria para realizar el trámite de regularización. / ANDRES CRUZ

El éxito de la gran regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno no depende únicamente de que sea justa o injusta, sino de que estén bien planteada desde el punto de vista legal y de gestión. España necesita incorporar a cientos de miles de trabajadores a su economía, por razones humanitarias y también de interés demográfico, y además, esa es la salida razonable para el millón largo que lleva demasiado tiempo viviendo en la clandestinidad administrativa. Es cierto que habrá quien piense diferente, y que este es uno de esos asuntos en los que cabe perfectamente el debate. Lo que es difícil de justificar es que un proceso de esta magnitud, que afecta a más del dos por ciento de las personas que viven en España, pueda depender de una decisión judicial.

Ese riesgo es hoy más real que ayer: la Abogacía del Estado ha pedido al Supremo que no plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión y que no suspenda cautelarmente el procedimiento. Lo pide después de que el Supremo haya manifestado serias dudas sobre la adecuación de la regularización al Derecho comunitario, abriendo un trámite de........

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