El capitalismo no se define por su origen, sino por una dinámica central: la generación de excedentes económicos que se apropian y gestionan mediante la propiedad privada. Esa es su quintaesencia.

En Bolivia, el Estado controla más del 50% del PIB, un dominio cimentado en la burocracia central y el peso de sus “empresas estratégicas”. Este modelo encuentra su sustento constitucional en los artículos 349 y 351, que establecen el dominio directo del Estado sobre los recursos naturales y su control sobre la cadena productiva.

De existir un excedente, la Constitución —en su artículo 313— establece que debe contribuir a reducir las desigualdades de acceso a los recursos productivos y entre regiones. El resultado operativo es claro: los ingresos se canalizan al Tesoro General de la Nación (TGN) y se asignan bajo una lógica política antes que de rentabilidad o acumulación. El excedente no se acumula: se disipa en subsidios, gasto corriente y el sostenimiento de un aparato empresarial crónicamente deficitario.

La otra mitad del PIB queda en manos de un sector privado que soporta una presión tributaria del 24,6%, superior a la de países vecinos. Sin embargo, una informalidad laboral del 85% altera radicalmente el cuadro. A diferencia de Chile, Argentina o Brasil, donde la carga fiscal se distribuye sobre una mayoría formal, en Bolivia recae casi por completo........

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