A propósito de la injusta denuncia de la Fiscalía Regional de Arica, el 8 de junio pasado -en presencia de altas autoridades de la Armada chilena, la Aduana de Chile y el Ministerio de Seguridad de ese país- alertando que cerca de 60 contenedores pertenecientes a 23 empresas exportadoras bolivianas habían sido retenidos por contener maderas “impregnadas” con sustancias controladas, provocando tal aseveración y la posterior quema de las maderas, un daño económico, reputacional y social irreparable, no solo a las empresas afectadas y al sector maderero, sino a Bolivia toda, recordé entonces un caso similar que traigo a colación, para efectos reflexivos y un “mea culpa” en el vecino país.

Chile, como exportador de frutas, enfrentó en 1989 la llamada “crisis de las uvas” por una denuncia anónima ante la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.), de que las uvas chilenas estaban “contaminadas con cianuro”. Retenida la carga de un barco, se detectó una presunta contaminación de dos uvas, se destruyó parte de la carga de la fruta, se inspeccionó millones de cajas de uvas, y, al confirmarse que lo que Chile reclamó era cierto -que sus uvas no estaban contaminadas- se liberó el saldo. La crisis duró menos de dos semanas; luego se produjo una cooperación de la FDA a Chile para establecer procedimientos de seguridad a fin de no afectar a sus exportadores.

EE.UU. no destruyó toda la fruta; no dijo “hallamos........

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