El viernes 11 de septiembre, tras dos jornadas de deliberación que la propia presidenta del máximo tribunal describió con una franqueza poco habitual en la magistratura -admitió, textual, un “factor emocional” en la sala-, el Pleno de la Corte Suprema resolvió lo que ningún gremio corporativo hace por gusto: podar sus propias filas. De los 58 cuadernos de remoción abiertos en junio, en un primer escrutinio, 11 jueces terminaron expulsados por haber encontrado en la licencia médica una modalidad de vacaciones pagadas con cargo al erario y a la fe pública. Viajaron, estudiaron, descansaron. Todo mientras el Estado les creía enfermos. La votación fue dividida y la remoción se fundó en el artículo 80 de la Constitución, esa cláusula dormida que permite separar a un juez por “mal comportamiento” y que, hasta ahora, funcionaba sobre todo como advertencia teórica.

Conviene situar el episodio en su linaje. El Poder Judicial chileno no ha sido, históricamente, una institución dada........

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