El caso jurídico-político que puso en vilo al departamento de La Paz, respecto al capricho y la tozudez del excandidato por Nueva Generación Patriótica (NGP), René Yahuasi, al insistir en una segunda vuelta para la elección de gobernador en nuestra región —sabiendo que la norma electoral no estaba a su favor—, dejó mucho que desear en su conducta al pretender que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) falle en contra de la propia ley establecida.

No es posible que, por un capricho personal de un candidato que apenas alcanzó un 8% de votación frente al 20% de su contrincante, Luis Revilla, esta parte del país quedara con un vacío de autoridad. Además, Yahuasi no planteó nada claro mediante un plan de oferta electoral sobre el desarrollo e impulso que le daría a La Paz de aquí a cinco años. Por lo tanto, ¿así quería ser gobernador?

Dicha figura político-jurídica también dejó preguntas flotando en el aire: ¿la legalidad o la legitimidad tiene mayor validez?, o ¿cuál de las dos prevalece? También es necesario remitirnos a los conceptos de ambos términos.

La legalidad (fácil de expresar, aunque no tanto de entender en toda su extensión) significa el ajuste o sometimiento de una determinada conducta a lo que prescriben las normas, sea cual sea el rango de estas (ley formal o mero reglamento). Si una conducta —en el ámbito que sea— no se acomoda a lo prescrito en las normas, se dice que es “ilegal”.

Por su parte, la legitimidad resulta mucho más difícil de definir y delimitar, puesto que se emplea tanto en política como en derecho, ámbitos que no conviene confundir. En política, se relaciona con la capacidad de un poder para obtener obediencia de la sociedad sin recurrir a la coacción o a la amenaza de la fuerza. Así, un Estado es legítimo si los miembros de la comunidad aceptan a la autoridad vigente.

Pues bien, dicho lo anterior, la distinción entre legalidad y legitimidad resulta, para comenzar, una diferencia esencial en cualquier Estado democrático de derecho. La legalidad pertenece al orden del derecho positivo y sus normas contienen siempre fuerza de ley (es decir, generan obligación jurídica). La legitimidad forma parte del orden de la política y de la ética pública (fundamentación de las normas y de las decisiones). De esta forma, mientras que la legalidad genera obligación, la legitimidad genera responsabilidad (política o ética) y reconocimiento. O, expresado de otro modo, la legalidad tiene una racionalidad normativa acotada y la legitimidad una lógica deliberativa abierta, al remitir a conceptos más difusos (como la ética).

Por lo tanto, no hay que olvidar que la legalidad siempre estará por encima de la legitimidad. De lo contrario, ¿de qué ordenamiento jurídico y social hablamos? Si la legitimidad estuviera primero, entonces todos quisiéramos hacer lo que nos da la gana en nuestro cotidiano vivir, a título de contar con la legitimidad de unas cuantas personas para robar, estafar, engañar, asaltar o violar, entre otros actos.

En ese sentido, se supone que Yahuasi sabía, al momento de candidatear, cuáles eran las reglas del juego y a qué se enfrentaba. Sería ilógico que hubiera entrado al campo sin conocer las normas electorales para participar en las elecciones subnacionales. Esto lleva a la deducción de que, en el supuesto caso de haber sido elegido gobernador por La Paz, no tendría la más mínima idea de lo que implica la gestión pública para manejar el andamiaje administrativo y económico de la gobernación.

La Paz ya no está para esos experimentos. No por nada, en los últimos 20 años, nos hemos estancado en nuestro desarrollo porque, a título de lo indígena originario campesino, tuvimos autoridades departamentales como Cesar Cocarico, Felix Patzi y Santos Quispe, totalmente ineficientes y con un pésimo manejo de la cosa pública.

Como ya señalé en una columna anterior, es hora de que La Paz tenga un gobernador surgido de la ciudad. El tiempo me dio la razón. Luis Revilla, como nuevo gobernador electo con el 20% de apoyo, deberá, con la experiencia en gestión pública municipal que posee, revertir con obras de desarrollo esa limitada legitimidad que le atribuyen organizaciones sociales o movimientos sindicales, especialmente del altiplano, alentados e impulsados por el MAS evista.

El nuevo gobernador paceño tiene el gran reto de convertir a la región en el “departamento Maravilla”, promesa hecha en su campaña electoral.

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