El conocimiento público del comportamiento delictivo, presunto, pero tan verosímil por las pruebas aportadas con la querella, del hasta el martes Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Luis Ángel González Jiménez, conduce, además de a la indignación, a una sensación de asco, de profundo asco, de nauseabundo asco. El relato duro, pero necesario para comprender la enormidad de una presunta agresión sexual tan violenta y prepotente, publicado en El Confidencial por nuestro compañero Alejandro Requeijo, reclama un acto de dignidad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que fue el que le nombró en octubre de 2018; quien le elogió pública y privadamente ("es alguien indiscutible" dijo) y quien propició un estatuto especial para evitar que la jubilación, en su caso, quedase aplazada hasta que cesase en el cargo.

El único acto de dignidad aceptable consiste en que el ministro presente su dimisión, quien, con una ausencia de juicio incapacitante, hace depender su continuidad en el cargo del criterio de la víctima del agresor. Semejante miserabilidad no tiene precedente. De igual forma, es inmediatamente exigible la destitución del Director General de la Policía, cargo político, no profesional como el DAO, Francisco Pardo Piqueras, nombrado por el actual ministro del Interior en julio de 2018. Ambos son responsables por designar (culpa in eligendo) al presunto delincuente y por, según dicen, desconocer sus inadmisibles comportamientos (culpa in vigilando). Como es ya usual, Sánchez ya desbarró ayer: avaló al ministro y se jactó de actuar con "rapidez y contundencia". Ver para creer.

Bajo los mandatos incompetentes del ex-DAO, del ministro Grande-Marlaska y del Director General de la Policía, Francisco Pardo, resultó posible el caso del que fuera jefe de la Sección de Delitos Económicos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la jefatura superior de Madrid, Óscar Sánchez Gil. Está imputado por varios delitos: pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, cohecho y blanqueo de capitales. La Unidad ha sido lesionada y privada de la necesaria credibilidad en sus investigaciones. Solo queda a salvo la Guardia Civil y, en ella, y como policía judicial, la Unidad Central Operativa (UCO). ¿Qué hace falta que suceda para que se remuevan de sus cargos a tipos tan incompetentes y privados de buen juicio como Grande-Marlaska y Francisco Pardo Piqueras? Porque los hechos denunciados, además, se produjeron en una vivienda oficial en pleno centro de Madrid y el presunto agresor se valió, al parecer, de la complicidad de otro cargo policial que intimidó a la víctima y que ayer fue cesado.

Para comprender la enormidad de lo que supone que el dimitido Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional haya perpetrado, presuntamente, un delito de violación, siendo la víctima una subordinada, hay que describir sus poderes, sus facultades y sus responsabilidades. El DAO es el jefe operativo de más de 70.000 efectivos de la Policía Nacional y de su mando dependen las comisarías generales de Información, de Policía Judicial, de Seguridad Ciudadana, de Extranjería, de Policía Científica y de Fronteras. Y las divisiones de Operaciones y Transformación Digital y la de Cooperación Internacional. La Policía Nacional, por definición legal, "es un instituto armado de naturaleza civil con estructura jerarquizada que tiene por misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana con ámbito de actuación en todo el territorio nacional", o sea, que buena parte de la seguridad colectiva estaba bajo la batuta de Luis Ángel González Jiménez, que reportaba al Director General de la Policía Nacional y al ministro.

La gestión de Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior, la más larga en ese departamento de todos los gobiernos de la democracia, está siendo pésima y la única razón de que permanezca en el cargo es que se ha convertido en un fusible de Sánchez para que absorba todos los impactos negativos de los que él, como presidente del Gobierno, es el responsable último.

Pero este episodio es cualitativamente más grave que otros y enlaza con anteriores que evocan con nitidez cómo el abuso, la prepotencia y, sobre todo, el más contumaz de los cinismos se han instalado en este falso socialismo que se autodefine feminista. José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y, entre otros, Francisco Salazar, vienen a conformar un elenco detestable y reactualizan el diagnóstico pesimista que hace el feminismo auténtico de lo que está sucediendo en el PSOE y que desgranó en el podcast Punto Ciego la histórica Ángeles Álvarez.

El sofocante ambiente de corrupción en el PSOE (hay que añadir el caso de Borja Cabezón y el de los cargos de la delegación del Gobierno en Andalucía, además de la acumulación de indicios en el de Begoña Gómez) resulta, sobreasqueroso, opresivo. La eliminación de la responsabilidad política como línea roja que ampara la salubridad, tanto preventiva como curativa, en una sociedad en democracia, está siendo un lamentable logro de este sanchismo que ha vinculado la autocracia del presidente del Gobierno a una suerte de cleptocracia y al peor de los machismos, que es aquel que se absuelve con sus discursos y se condena con sus acciones. Y esa disociación entre lo que se dice y lo que se hace, tan hipócrita, produce un asco invencible. Asco por episodios, presuntos pero probables, como el protagonizado por Luis Ángel González, y asco por la ajenidad con la que los responsables políticos de tantas y tan continuadas fechorías se mantienen en sus cargos públicos.

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