El conocimiento público del comportamiento delictivo, presunto, pero tan verosímil por las pruebas aportadas con la querella, del hasta el martes Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Luis Ángel González Jiménez, conduce, además de a la indignación, a una sensación de asco, de profundo asco, de nauseabundo asco. El relato duro, pero necesario para comprender la enormidad de una presunta agresión sexual tan violenta y prepotente, publicado en El Confidencial por nuestro compañero Alejandro Requeijo, reclama un acto de dignidad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que fue el que le nombró en octubre de 2018; quien le elogió pública y privadamente ("es alguien indiscutible" dijo) y quien propició un estatuto especial para evitar que la jubilación, en su caso, quedase aplazada hasta que cesase en el cargo.

El único acto de dignidad aceptable consiste en que el ministro presente su dimisión, quien, con una ausencia de juicio incapacitante, hace depender su continuidad en el cargo del criterio de la víctima del agresor. Semejante miserabilidad no tiene precedente. De igual forma, es inmediatamente exigible la destitución del Director General de la Policía, cargo político, no profesional como el DAO, Francisco Pardo Piqueras, nombrado por el actual ministro del Interior en julio de 2018. Ambos son responsables por designar (culpa in eligendo) al presunto delincuente y........

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