Durante el mandato de Pedro Sánchez, tras un inicio fulgurante con el cese en 2018 de dos ministros atendiendo al principio de responsabilidad política (Máxim Huerta y Carmen Montón), se ha proscrito la dimisión (o la destitución) de los cargos públicos por un desempeño negligente de sus funciones, o por la concurrencia de las llamadas culpas ineligendo e invigilando. El propio presidente del Gobierno y secretario general del PSOE debió presentar su renuncia ante los hechos que se imputan a sus dos exsecretarios de organización del partido, uno de ellos, además, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana entre 2018 y 2021. Él los nombró. La responsabilidad política, sin embargo, ha sido por completo diluida y los cargos públicos solo se sienten concernidos por la penal. Por eso, en el Gobierno y en otras instancias de la Administración General del Estado, nadie dimite, nadie renuncia.

Parece evidente que el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, debería haber presentado su dimisión irrevocable, o ser cesado por Sánchez, inmediatamente después del terrible accidente de Adamuz (46 víctimas mortales, cuyos familiares se sienten en el desamparo institucional) sucedido el 18 de enero pasado. La crisis del ferrocarril, y más aún el de alta velocidad, venía de tiempo atrás en tanto que el ministro porfiaba en su discurso de que el tren en España atravesaba por su mejor momento. La realidad era y es muy otra: reducción constante de la inversión en el mantenimiento de la infraestructura e incompetencia técnica y gestora tanto en Adif como en Renfe. Para muestra un botón: la línea Madrid-Málaga, que se aseguró estaría plenamente operativa el pasado mes de marzo, no se rehabilitará hasta finales de este, una........

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