Durante el mandato de Pedro Sánchez, tras un inicio fulgurante con el cese en 2018 de dos ministros atendiendo al principio de responsabilidad política (Máxim Huerta y Carmen Montón), se ha proscrito la dimisión (o la destitución) de los cargos públicos por un desempeño negligente de sus funciones, o por la concurrencia de las llamadas culpas ineligendo e invigilando. El propio presidente del Gobierno y secretario general del PSOE debió presentar su renuncia ante los hechos que se imputan a sus dos exsecretarios de organización del partido, uno de ellos, además, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana entre 2018 y 2021. Él los nombró. La responsabilidad política, sin embargo, ha sido por completo diluida y los cargos públicos solo se sienten concernidos por la penal. Por eso, en el Gobierno y en otras instancias de la Administración General del Estado, nadie dimite, nadie renuncia.

Parece evidente que el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, debería haber presentado su dimisión irrevocable, o ser cesado por Sánchez, inmediatamente después del terrible accidente de Adamuz (46 víctimas mortales, cuyos familiares se sienten en el desamparo institucional) sucedido el 18 de enero pasado. La crisis del ferrocarril, y más aún el de alta velocidad, venía de tiempo atrás en tanto que el ministro porfiaba en su discurso de que el tren en España atravesaba por su mejor momento. La realidad era y es muy otra: reducción constante de la inversión en el mantenimiento de la infraestructura e incompetencia técnica y gestora tanto en Adif como en Renfe. Para muestra un botón: la línea Madrid-Málaga, que se aseguró estaría plenamente operativa el pasado mes de marzo, no se rehabilitará hasta finales de este, una demora que está provocando perjuicios económicos a Málaga y que se debe a un desprendimiento de un talud a la altura de Álora. Todavía ayer El Confidencial informaba de la continuidad del colapso en Rodalies. El ministro, para mayor escarnio, gamberrea en las redes sociales exhibiendo modos impropios de su condición institucional.

Otro caso: el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, debió igualmente renunciar, o ser destituido, después de dos graves tragedias mal gestionadas: la represión ejercida sobre los asaltantes de la valla de Melilla (junio de 2022) y el asesinato de guardias civiles en aguas de Cádiz a manos de narcotraficantes (febrero de 2024). En otro orden de asuntos, el ministro está directamente comprometido en términos políticos, por la grave acusación al que fuera Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, investigado por un presunto delito de agresión sexual. Grande Marlaska, en un ejercicio de impiedad absoluta, sometió su continuidad en el cargo al criterio de la víctima de la agresión, transfiriéndole tramposamente una decisión que solo a él y al presidente del Gobierno correspondía.

La responsabilidad de estos dos ministros, salvando las distancias que median entre cada caso, no es penal y por lo tanto no es punible o sancionable conforme al Código que tipifica y castiga los delitos, se comentan por imprudencia o con dolo. Tanto Puente como Grande Marlaska han sido denunciados ante instancias judiciales penales por los casos referidos. Sin embargo, los magistrados han inadmitido o desestimado investigarlos al no localizar indicio alguno de infracción criminal. De modo que a ambos se les puede imputar una responsabilidad política, pero no penal o criminal. Son dos tipos, eso sí, que en cualquier circunstancia de normalidad democrática habrían dejado de ser ministros hace mucho tiempo.

Tampoco a Carlos Mazón se le está investigando penalmente. El expresidente de la Generalitat de Valencia, renunció al cargo (noviembre de 2025) asumiendo que su conducta durante la jornada trágica de la dana el 29 de octubre de 2024 fue tan reprobable como frívola e intolerable. La jueza de Cantarroja que instruye la causa contra los responsables autonómicos de la emergencia en aquella catástrofe elevó una exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad para que Carlos Mazón fuera investigado, ya que al estar aforado (mantiene su acta parlamentaria) ella perdía la competencia en favor del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.

La fiscalía informó desfavorablemente la petición de la jueza y cinco magistrados, por unanimidad, han considerado que no hay nexo causal -al menos hasta el actual estadio de la instrucción— entre las decisiones y omisiones del expresidente de la Generalitat y las muertes en aquella tragedia. El auto del Tribunal Superior del pasado 13 de marzo (72 páginas de enrevesada y confusa prosa judicial) tiene una gran importancia porque, con remisiones constantes a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, reitera un doble principio: que "en el derecho penal español no existe responsabilidad penal en el desempeño de un cargo público" (página 60 del auto) y que la "toma de decisiones discrecionales [es decir, políticas] no puede convertirse en fuente de responsabilidad penal porque se considere que la opción escogida no era la más adecuada o la más eficaz para la obtención de los objetivos programados" (página 58).

En base a esos criterios, la Sala Segunda del Supremo inadmitió en julio de 2025 querellas interpuestas contra el presidente del Gobierno y seis ministros a propósito de la gestión de la dana. Igualmente, el Tribunal valenciano aclara que "la calificación jurídico-penal de un hecho no puede depender de la indignación colectiva por la tragedia ni por el legítimo desacuerdo con decisiones de gobierno que pueden ser desacertadas" (página 58).

Así, el TSJV rechaza la petición de investigación penal a Carlos Mazón, pero la resolución no lo absuelve, porque ni puede ni debe, de su responsabilidad política, aunque sí traza una frontera entre esa y la penal que en nuestro país este Gobierno confunde de manera innoble.

Tampoco puede acusarse de delito alguno ni a Puente ni a Grande Marlaska, aunque ambos, y por supuesto Mazón, sean incompetentes, banales y merezcan el cese o la destitución. El valenciano, con un largo año de demora, asumió su responsabilidad (política). Esos ministros y el presidente del Gobierno no lo han hecho. La impunidad política del Gobierno y del PSOE, la ufanía con la que el presidente, los ministros y los dirigentes socialistas toman decisiones y se desentienden de sus consecuencias, la obstinación en incurrir en constantes falsedades (la de los presupuestos es el epítome de todas ellas) sin importarles que lo sean, están minando los fundamentos intangibles de nuestra democracia. Horadada también por los casos de corrupción cuyas repercusiones sobre la continuidad de los cargos públicos que debieron evitarlos son inexistentes. Una de las peores regresividades del progresismo (del PSOE y de sus socios) durante la gestión de Sánchez es la eliminación de la responsabilidad política que supone desposeer de conciencia ética al sistema democrático.

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